Por Arturo Méndez
El sistema electoral mexicano constituye uno de los pilares fundamentales de la democracia, al garantizar la organización de elecciones libres, equitativas y confiables. Sin embargo, también ha sido objeto de constantes cuestionamientos relacionados con su costo, su estructura institucional y el grado de autonomía de las autoridades electorales. En este contexto, las propuestas de reforma electoral impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación han ocupado un lugar central en el debate político nacional.
La iniciativa de reforma electoral presentada en 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador buscó una transformación profunda del modelo electoral, planteando cambios estructurales como la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE), la centralización de funciones y la reducción significativa del financiamiento público a los partidos políticos. No obstante, dicha propuesta enfrentó una fuerte oposición política y social que impidió su aprobación en el Congreso.
Posteriormente, en 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una nueva iniciativa de reforma electoral que, si bien retoma principios como la austeridad republicana y la reducción del costo de la democracia, adopta un enfoque distinto al privilegiar la continuidad institucional y la optimización técnica del sistema electoral vigente. El presente texto analiza y compara ambas iniciativas, destacando sus principales coincidencias, diferencias e implicaciones para la democracia mexicana.
La reforma electoral impulsada en 2022 por el Ejecutivo federal proponía una reconfiguración integral del sistema electoral mexicano. Su objetivo principal era reducir costos, centralizar funciones y fortalecer la democracia directa. Entre sus ejes fundamentales se encontraba la sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), cuyo Consejo General estaría integrado por siete consejeros electos mediante voto popular. Asimismo, se proponía que este nuevo instituto electoral contara con áreas auxiliares y órganos temporales en lugar de una estructura permanente de órganos ejecutivos y técnicos, eliminando también las facultades de educación cívica como una función sustantiva.
Asimismo, la iniciativa contemplaba la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y de los tribunales electorales locales, concentrando todas las funciones electorales y jurisdiccionales en el ámbito federal. En el plano legislativo, se proponía reducir la Cámara de Diputados de 500 a 300 integrantes y el Senado de 128 a 96 senadores, eliminando las listas nacionales de representación proporcional.
Además, la iniciativa proponía la eliminación del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes.
Los partidos deberán sostener estas actividades exclusivamente mediante aportaciones de personas físicas mexicanas. El financiamiento público se mantendría únicamente para las campañas electorales durante los años de comicios.
La iniciativa de reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador generó un amplio debate político. La oposición y diversas organizaciones civiles centraron sus críticas en la posible vulneración de la autonomía del INE, la centralización excesiva de funciones y el riesgo de debilitamiento de los contrapesos democráticos. Estas posturas derivaron en movilizaciones sociales y en la falta de consensos legislativos suficientes. Ante este panorama, la reforma no prosperó al obtener solo 269 votos a favor en la Cámara de Diputados, lejos de la mayoría calificada requerida para su aprobación.
Por su parte, la reforma electoral presentada en 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum representa una evolución del proyecto anterior, al abandonar la reingeniería institucional total y optar por una estrategia de optimización técnica y financiera del sistema existente. A diferencia de la propuesta de 2022, esta iniciativa mantiene al INE y a los OPLEs, preservando la estructura institucional del sistema electoral.
No obstante, introduce cambios operativos relevantes, como la eliminación de la educación cívica como función sustantiva del INE, el establecimiento de un estricto control salarial y la creación de un sistema de fiscalización bancaria en tiempo real para supervisar diariamente el flujo de recursos de los partidos políticos.
En materia legislativa, la reforma mantiene la reducción del Senado a 96 integrantes, pero conserva los 500 diputados federales.
La innovación radica en la asignación de las diputaciones de representación proporcional, al incorporar el criterio de “mejores perdedores” y garantizar, por primera vez, representación a la diáspora mexicana en el extranjero.
Respecto al financiamiento, la iniciativa conserva el financiamiento público ordinario, aunque lo reduce significativamente al modificar la fórmula de cálculo y reforzar los mecanismos de transparencia, prohibiendo las aportaciones en efectivo y obligando al reporte de activos virtuales y divisas extranjeras.
La comparación entre las reformas electorales de 2022 y 2026 evidencia un cambio sustantivo de estrategia dentro del proyecto de la Cuarta Transformación. Mientras que la iniciativa de 2022 apostó por una transformación radical del sistema electoral, la propuesta de 2026 se orienta hacia la consolidación institucional mediante ajustes técnicos y financieros, con el objetivo de dotar a la reforma de mayor viabilidad política y legitimidad democrática. En este sentido, la nueva iniciativa incorpora las lecciones derivadas del fracaso legislativo previo y busca atender las preocupaciones expresadas en torno a la autonomía, estabilidad y funcionalidad del sistema electoral mexicano.
La iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con un respaldo ciudadano ampliamente mayoritario, de acuerdo con los datos levantados por la encuestadora Enkoll para El País y W Radio.
Los resultados reflejan un consenso social significativo en torno a los ejes centrales de la propuesta: el 83 % de las personas encuestadas se manifiesta a favor de la elección directa de cargos legislativos; el 82 % respalda la reducción del financiamiento a los partidos políticos; el 85 % apoya el recorte a los sueldos y bonos de la alta burocracia; y el 87 % avala un endurecimiento de los mecanismos de fiscalización de campañas. No obstante, pese a este amplio respaldo social, la iniciativa enfrenta un desafío considerable en el ámbito legislativo, donde la construcción de mayorías calificadas continúa siendo el principal obstáculo para su eventual aprobación.
En efecto, a pesar de que los cambios propuestos gozan de una amplia aceptación ciudadana, el panorama legislativo sugiere un desenlace similar al de su predecesora: la incapacidad de alcanzar la mayoría calificada necesaria para su aprobación. La viabilidad de la iniciativa de Sheinbaum enfrenta un desafío de doble frente. Por un lado, la resistencia frontal de la oposición; por otro, las reservas críticas de sus propios aliados políticos. Estos últimos, al ver comprometidos sus intereses operativos y financieros por las nuevas reglas de austeridad y fiscalización, podrían condicionar su voto o, en última instancia, detener el avance de la ley para asegurar su propia supervivencia institucional.
