Por Arturo Méndez
La política salarial en México ha experimentado una transformación significativa en los últimos años. En 2026, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) aprobó un incremento del 13% al salario mínimo, con lo que éste se ubicó en 315.04 pesos diarios. En los últimos siete años, el salario mínimo ha registrado aumentos extraordinarios: pasó de 88.36 pesos en 2018 a 315.04 pesos en 2026, lo que representa un incremento acumulado de 256.54%.
Durante los siglos XX y XXI, la política salarial en México puede dividirse en dos etapas claramente diferenciadas: 1) la política de contención salarial (1976–2017) y 2) la política de recuperación salarial (2018–2026).
En el periodo de contención salarial, el salario mínimo se utilizó principalmente como instrumento para controlar la inflación, funcionando como “ancla inflacionaria”. En este contexto, el salario mínimo real mantuvo una tendencia descendente de 1976 a 1999; a partir del 2000, los incrementos fueron marginales y, en la mayoría de los casos, se limitaron a ajustes equivalentes a la inflación anual.
En contraste, el periodo de recuperación salarial se ha caracterizado por incrementos superiores al crecimiento de los precios. Esto ha permitido una recuperación gradual del salario real y, con ello, del poder adquisitivo de los trabajadores.
Durante la etapa de contención salarial predominó la idea de que los aumentos salariales por encima de la inflación generarían presiones inflacionarias. Asimismo, el bajo nivel salarial se utilizaba como ventaja competitiva para atraer inversión extranjera.
Entre las principales teorías que vinculan los incrementos salariales con la inflación y el desempleo se encuentran la teoría de los costos salariales y la teoría neoclásica del empleo.
La teoría de los costos salariales sostiene que los aumentos en el salario mínimo pueden generar inflación por “empuje de costos”, ya que el alza en los costos laborales obliga a las empresas a elevar precios para preservar sus márgenes de ganancia. En mercados laborales con rigideces, salarios superiores al nivel de equilibrio incrementan los costos unitarios de producción y, en consecuencia, los precios.
Por su parte, la teoría neoclásica del empleo explica el nivel de ocupación a partir del funcionamiento del mercado laboral bajo supuestos de competencia perfecta. El empleo se determina por la interacción entre la oferta y la demanda de trabajo, y el salario real es el precio que equilibra dicho mercado. La demanda de trabajo depende de la productividad marginal del trabajo: las empresas contratan trabajadores hasta que el salario real es igual al producto marginal del trabajo. Si el salario aumenta, la cantidad demandada de trabajo disminuye; si disminuye, aumenta. La oferta de trabajo refleja la decisión entre trabajo y ocio: un mayor salario real incentiva una mayor oferta laboral. El equilibrio se alcanza en la intersección de ambas curvas, donde se determinan el salario real y el nivel de empleo. En este marco teórico, el desempleo es esencialmente voluntario o friccional, no persistente ni involuntario.
Entre los efectos positivos asociados a la política de incremento salarial pueden destacarse el aumento del número de trabajadores beneficiados, la reducción de la pobreza laboral y la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el primer trimestre de 2018 aproximadamente el 15.9% de la población ocupada en México percibía hasta un salario mínimo. Para el tercer trimestre de 2025, esta proporción ascendió al 39.5% de la población ocupada.
Según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el cuarto trimestre de 2018 la pobreza laboral —definida como el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria— se ubicaba en 40.7%. Para el tercer trimestre de 2025, el indicador descendió a 34.3%, el nivel más bajo registrado hasta entonces. Cabe aclarar que la pobreza laboral es distinta de la pobreza multidimensional; es decir, no considera el acceso a salud, vivienda, educación ni servicios básicos como agua, drenaje o electricidad.
En 2018, un salario mínimo permitía adquirir 1.7 canastas básicas alimentarias urbanas; para 2025, se estimaba que alcanzaba para 3.4 canastas básicas urbanas, de acuerdo con cifras de CONASAMI, CONEVAL e INEGI.
Los resultados observados han cuestionado algunos postulados tradicionales que asociaban aumentos salariales con inflación, desempleo e informalidad. Entre 2018 y 2025, el salario mínimo acumuló un incremento de 125.2%, mientras que la inflación acumulada fue de 34.04% (INEGI), lo que sugiere una mejora sustancial del salario real sin un desbordamiento inflacionario.
Asimismo, el aumento del salario mínimo no se ha traducido en un incremento significativo de la tasa de desempleo, como anticiparía la teoría neoclásica. Según la ENOE, en el cuarto trimestre de 2018 la tasa de desocupación fue de 3.3%, mientras que en el tercer trimestre de 2025 se ubicó en 3.4%. De igual forma, la tasa de informalidad laboral se ha mantenido relativamente estable: 56.6% en el cuarto trimestre de 2018 y 55.4% en el tercer trimestre de 2025.
Finalmente, algunos analistas explican la ausencia de presiones inflacionarias significativas a partir del llamado «efecto faro». Este fenómeno ocurre cuando el aumento del salario mínimo funciona como referencia para la negociación de los salarios contractuales, impulsándolos al alza. En México, dicho efecto se ha manifestado con mayor intensidad en los niveles de ingreso cercanos al mínimo y tiende a diluirse en los rangos salariales superiores. De ello se desprende que los ajustes en los salarios más altos no han sido de la misma proporción que los observados en los salarios mínimos.
