El sector energético constituye uno de los pilares del desarrollo económico y social de México, ya que de su disponibilidad, acceso y control dependen tanto la competitividad industrial como el bienestar de la población. En este contexto, la política energética adquiere un carácter estratégico al articular el conjunto de instrumentos y decisiones mediante los cuales el Estado orienta el uso de los recursos energéticos hacia fines públicos. Para la administración actual, estos fines se expresan en el Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2025–2030 y se sintetizan en tres ejes fundamentales: autosuficiencia, sustentabilidad y justicia energética.
En el corto plazo, las estrategias de la política energética se concentran en garantizar el abasto de combustibles y reducir la exposición a choques externos, como la volatilidad de los mercados internacionales. Para ello, se emplean mecanismos fiscales y regulatorios de estabilización de precios, se fortalece la infraestructura de almacenamiento y distribución, y se busca disminuir las vulnerabilidades logísticas y de suministro. En conjunto, estas acciones tienen como propósito proteger el poder adquisitivo de los hogares y contribuir a la estabilidad macroeconómica.
A largo plazo, la política energética debe orientarse hacia la sustentabilidad, lo que implica transformar gradualmente la matriz energética. Esto supone ampliar la participación de fuentes renovables —como la solar, eólica e hidroeléctrica—, promover la innovación tecnológica, incrementar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante una transición ordenada y socialmente justa. Este enfoque responde tanto a la urgencia de mitigar el cambio climático como a la necesidad de garantizar la disponibilidad de energía para las generaciones futuras.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la matriz energética se define como la composición del suministro total de energía primaria, desagregada por fuentes como petróleo, gas natural, carbón, energía nuclear y energías renovables. En México, según el Balance Nacional de Energía 2023, esta matriz evidencia una alta dependencia de los combustibles fósiles: alrededor del 82% de la energía primaria provino de hidrocarburos, con predominio del petróleo (52%) y del gas natural (30%), mientras que las energías limpias aportaron aproximadamente el 14%.
Esta dependencia también se observa en el sector eléctrico, donde el gas natural —principalmente a través de centrales de ciclo combinado— aporta más del 60% de la generación. En 2023, las energías limpias contribuyeron con alrededor de 24.32% de la electricidad producida, mientras que el porcentaje restante correspondió a fuentes fósiles (PRODASEN, 2024–2038). En consecuencia, la transición energética en México se encuentra aún en una fase incipiente y el sistema mantiene una elevada vulnerabilidad externa; de hecho, hacia 2025, aproximadamente 75% del gas natural consumido es de origen importado.
El sistema energético mexicano enfrenta, así, una paradoja estructural: pese a ser productor de petróleo, exporta crudo e importa combustibles y gas en volúmenes significativos, lo que deriva en una balanza comercial petrolera deficitaria. Esta situación refleja un modelo energético incompleto, asociado a una capacidad limitada de transformación industrial y a una diversificación insuficiente de fuentes, factores que incrementan la vulnerabilidad ante choques externos y encarecen la transición energética.
La política energética vigente se sustenta en la rectoría del Estado como principio constitucional y eje de la intervención pública. En el PROSENER 2025–2030, el Estado asume la responsabilidad de planear, regular y conducir el desarrollo del sector, orientando sus decisiones hacia tres objetivos articulados: autosuficiencia, sustentabilidad y justicia energética.
La autosuficiencia energética se refiere a la capacidad de un país para cubrir la mayor parte de su demanda con producción propia, reduciendo la dependencia de importaciones. Este objetivo se vincula con la soberanía energética, entendida como la facultad del Estado para decidir de manera autónoma sobre la gestión de los recursos estratégicos y sobre las reglas que rigen su producción, transformación, transporte, distribución y consumo, en función de las prioridades nacionales. En México, el nivel de autosuficiencia se estima entre 55% y 60% del consumo total, y en torno a 25% en el caso del gas natural.
El grado de autonomía energética suele medirse mediante el Índice de Independencia Energética (IIE), que expresa la relación entre la producción nacional y el consumo total. Un IIE de 0.5 indica que la mitad de la energía consumida se produce internamente, mientras que la otra mitad se importa. En el documento de PROSENER 2025-2030, se plantea elevar este índice de 0.71 a 0.74 hacia 2030, con metas como mantener la producción petrolera en 1.8 millones de barriles diarios y aumentar la producción de gas natural. Hacia 2050, el objetivo es aproximarse a la autosuficiencia plena (IIE = 1.0). En el caso del gas, se proyecta incrementar la autosuficiencia de alrededor de 25% en la actualidad a cerca de 50% en 2030.
Por su parte, la sustentabilidad energética se concibe como el aprovechamiento responsable de los recursos energéticos mediante el impulso de energías limpias, la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones contaminantes. Alcanzarla requiere consolidar una transición energética que transforme el sistema hacia fuentes más limpias y eficientes, con metas claras de expansión renovable y mitigación de emisiones.
El Índice de Transición Energética (ETI) del Foro Económico Mundial evalúa el desempeño de los países en su avance hacia sistemas energéticos sostenibles, seguros y equitativos, así como su nivel de preparación para sostener este proceso. El índice integra dos dimensiones: el desempeño del sistema energético y la preparación para la transición. En 2025, México se ubicó en el lugar 55 de 118 países, por debajo de su posición en 2019 (lugar 37). Esta trayectoria evidencia desafíos estructurales: si bien se impulsa la transición, persiste la centralidad de los hidrocarburos; aumenta la capacidad renovable sin modificar de fondo la matriz energética; y se mantienen inconsistencias en políticas, inversión y planeación de largo plazo. En consecuencia, el país no solo requiere reducir la huella ambiental de su consumo energético, sino también fortalecer las condiciones institucionales y materiales que hagan viable la transición.
Las metas contemplan elevar la generación eléctrica limpia hasta alcanzar el 39.9% del total en 2033 y el 50% en 2050; así, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; disminuir la intensidad del consumo final de energía en 2.5% durante el periodo 2035–2050; y lograr una mejora sostenida en la eficiencia energética hacia 2050. A largo plazo, se prevé la transición hacia un sistema energético de cero emisiones netas, con predominio de fuentes renovables (PROSENER 2025–2030; NDC 3.0; Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, DOF, 07/02/2020).
En la Ley del Sector Eléctrico, la justicia energética se define como el conjunto de medidas orientadas a reducir la pobreza energética, cerrar brechas de desigualdad en el acceso y garantizar un suministro seguro, limpio y asequible. Asimismo, incorpora la mitigación de impactos ambientales y la promoción de una participación inclusiva en la toma de decisiones. En este sentido, la justicia energética opera como un eje transversal que reconoce la energía como un derecho social y exige políticas que aseguren acceso universal, confiable y sostenible, especialmente para los territorios y grupos históricamente rezagados.
Entre las acciones prioritarias destacan la electrificación de comunidades marginadas —con la meta de pasar de 99.64% de cobertura en 2025 a 99.99% en 2030—, el mantenimiento de tarifas accesibles y la implementación de programas sociales, como la instalación de paneles solares y el uso de estufas eficientes. En conjunto, estas medidas buscan alcanzar una cobertura prácticamente universal hacia 2030 y consolidar, hacia 2050, un sistema energético más inclusivo.
En suma, la política energética de México se define por la convergencia —no exenta de tensiones— de tres objetivos: autosuficiencia, sustentabilidad y justicia energética, bajo el principio de rectoría del Estado. El diagnóstico muestra una matriz dominada por hidrocarburos y una dependencia significativa de importaciones, particularmente de gas natural, lo que explica la prioridad de fortalecer las capacidades nacionales de producción, refinación, transporte y almacenamiento. Sin embargo, este punto de partida también exige acelerar la transición energética para reducir emisiones, diversificar la generación y mejorar la eficiencia.
El reto estratégico consiste en evitar que la búsqueda de seguridad y control en el corto plazo consolide inercias que encarezcan la transformación del sistema energético. Para ello, la autosuficiencia debe concebirse como una plataforma para la transición: orientar la inversión hacia infraestructura compatible con los objetivos climáticos, expandir las energías renovables y las redes sin comprometer la confiabilidad, y fortalecer la planeación de largo plazo mediante reglas claras que permitan movilizar tanto capacidades públicas como privadas. Al mismo tiempo, la justicia energética debe mantenerse como eje transversal, de modo que la transición contribuya a reducir la pobreza energética, cerrar brechas territoriales y garantizar un acceso asequible y limpio. Solo así será posible construir un modelo energético soberano, competitivo y sostenible, capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras.
