La violencia política se ha vuelto lenguaje de poder en Veracruz. No hay semana sin una agresión, amenaza o ejecución vinculada a actores públicos. En lo que va de 2025, al menos seis políticos —entre ellos dos candidatos a alcaldías y un diputado federal— han sido asesinados. Los más recientes, Ignacio Pablo Sánchez, exalcalde y candidato del PT en Santiago Sochiapan, en septiembre, y Yesenia Lara Gutiérrez, candidata morenista ejecutada en mayo en plena transmisión en vivo, desnudan la crisis de las garantías mínimas de seguridad democrática.
El diagnóstico negado. Desde que inició su mandato, Rocío Nahle ha enfrentado el dilema entre reconocer la magnitud del problema o minimizarlo para proteger la imagen de su gobierno. Ha condenado los hechos, calificando algunos como “terrorismo electoral”, pero también ha caído en contradicciones: mientras promete coordinación con la Federación, insiste en que la situación “está bajo control”. En casos como el de la taxista Irma Hernández, afirmó que murió “de un infarto”, pero la Fiscalía más tarde confirmó tortura y homicidio. La distancia entre discurso y realidad erosiona la confianza ciudadana y coloca al gobierno en el centro de la sospecha.
La gobernadora Nahle asegura que su administración atiende los focos rojos y que ha solicitado apoyo de la Secretaría de Seguridad Federal para proteger candidaturas. Pero los hechos la contradicen: la violencia no sólo no ha disminuido, sino que se ha trasladado al ámbito postelectoral, donde exalcaldes y operadores siguen cayendo. Los criminales no necesitan campañas para ejercer control: ya gobiernan desde la sombra.
Las causas, de lo aparente a lo estructural. En la superficie, la narrativa oficial apunta al crimen organizado como fuente principal de la violencia. Pero la explicación, aunque cierta, es insuficiente. Lo que ocurre en Veracruz no es sólo un fenómeno delictivo, sino una economía política de la impunidad: el municipio como botín, la nómina pública como caja chica y la policía local como brazo armado de intereses cruzados.
Los grupos criminales no sólo buscan territorios, sino acceso institucional: presidencias municipales, direcciones de obra, contratos, permisos, y sobre todo control sobre las fuerzas de seguridad. En ese ecosistema, matar a un candidato es apenas un trámite de ajuste. Y mientras la Fiscalía no logre consignaciones firmes ni castigos ejemplares, la violencia seguirá siendo rentable.
El gobierno estatal ha incrementado la coordinación con la Guardia Nacional, reforzado operativos y ofrecido protección a candidaturas amenazadas. Son pasos necesarios, pero insuficientes. Las medidas siguen siendo reactivas, no preventivas. No hay un sistema de alerta temprana, ni protocolos públicos de protección, ni un mecanismo de evaluación que permita saber si las custodias asignadas realmente previenen los ataques.
Las fortalezas del modelo actual radican en su capacidad de respuesta rápida tras los hechos —detenciones inmediatas, ruedas de prensa, presencia mediática—, pero su mayor debilidad es la falta de anticipación. Veracruz no está mapeando la violencia política; la está contabilizando después de cada ejecución.
Si la tendencia continúa, Veracruz podría convertirse en el laboratorio más peligroso de la democracia mexicana: un estado donde ganar una elección o asumir un cargo local sean actos de temeridad. La probabilidad de nuevos atentados es alta en regiones con economías ilegales estables —huachicol, tala, contrabando— y autoridades municipales débiles o cooptadas.
A mediano plazo, sin cambios estructurales, la violencia política tenderá a institucionalizarse: los grupos criminales impondrán candidatos, dictarán lealtades y decidirán presupuestos. Lo que hoy parece crisis podría consolidarse como régimen.
Veracruz enfrenta un espejo incómodo: el dilema de fondo es: si puede un Estado gobernado por un proyecto progresista sostener su legitimidad mientras los alcaldes, diputados y aspirantes caen uno tras otro. Nahle tiene la oportunidad —y la obligación histórica— de romper el ciclo de impunidad. Si lo hace, su gobierno podría pasar a la historia como el que enfrentó el corazón de la violencia mexicana: la captura política del territorio.
Si no, Veracruz seguirá siendo el mismo escenario donde cada bala escribe el nombre de un nuevo mártir político, y borra otro pedazo del estado.
