La lucha en defensa de la legalidad dentro de la Universidad Veracruzana continúa y seguirá vigente hasta que se reestablezca el orden normativo y se respete la legislación, especialmente la Ley Orgánica, la Ley de Autonomía y el Reglamento de la Junta de Gobierno que han sido vulnerados para favorecer la prórroga de Martín Aguilar al frente de la rectoría universitaria.
Ha quedado demostrado que Aguilar nunca tuvo atribuciones legales para solicitar una prórroga, que no hubo rendición de cuentas y de modo autoritario permanece en la Rectoría contra la voluntad de los universitarios, sólo gracias a las argucias y trapacerías cometidas por los integrantes de la Junta de Gobierno. La Junta se atribuyó de manera ilegal la capacidad de legislar y diseñar procedimientos específicos para avalar las aspiraciones del rector; ha tenido una actuación opaca y falta de transparencia; ha tirado por la borda el prestigio y la honorabilidad de ese órgano de gobierno universitario al actuar de modo parcial hasta convertirse en comparsa: el núcleo de amigos del rector fue depurando a los integrantes de la Junta y se fue renovando sólo con sus incondicionales.
La protesta universitaria contra la imposición ha desarrollado importantes movilizaciones y expresiones públicas. Marchas, mítines, plantones, desplegados, comunicados y cientos de artículos periodísticos dan cuenta de un movimiento heterogéneo. Los estudiantes han protagonizado la más importante manifestación de los últimos años, simultánea en las principales ciudades del estado, con miles de alumnos exigiendo la salida de Aguilar y su banda de facinerosos; han ocurrido huelgas y paros estudiantiles en diversas facultades, destacando por su espíritu combativo en defensa de la Universidad los estudiantes de la Facultad de Psicología de Xalapa.
Se ha ido articulando una muy diversa protesta. Además de la Red UV por la legalidad que reúne a profesores, trabajadores administrativos y manuales, estudiantes, egresados, jubilados, exrectores, e investigadores del SNII, han surgido organizaciones de académicos, agrupaciones como el nido estudiantil y otras redes que articulan profesores y estudiantes inconformes contra la imposición. También se han manifestado contra la prórroga ex integrantes de la Junta de Gobierno, juristas distinguidos y profesores eméritos.
La lucha por la legalidad ha solicitado al Congreso del Estado la interpretación legítima de la Ley Orgánica y todavía no hay respuesta oficial. También se interpusieron diversos amparos que fueron eludidos y desestimados equívocamente por el Poder Judicial, pues nunca analizaron el fondo del asunto, a saber, la violación de la legislación universitaria y la afectación de los derechos de los universitarios, y falsamente apelando a una legislación que no es vigente se han escudado en el respeto a la autonomía universitaria. Tampoco el poder ejecutivo estatal ha intervenido en defensa de la Universidad ignorando las causas justas de los universitarios y su desamparo legal ante una arbitrariedad enorme. Nos han dejado solos y a nuestra suerte.
Hoy es la hora del Consejo Universitario General, donde se habrán de confrontar las posiciones a favor y en contra de la prórroga ilegal. Ahí los consejeros habrán de vencer las presiones, manipulaciones y controles de las autoridades que buscarán inhibir su participación, su pensamiento crítico y la autonomía de su voz, como es costumbre dado el control autoritario a que se ven sometidos.
Sin embargo, los consejeros universitarios se deben a sus comunidades y no están obligados al silencio cómplice; han sido electos para defender a la Universidad y para llevar los resolutivos de sus juntas académicas. No son empleados del rector ni están subordinados a las autoridades espurias. Tienen dignidad, son honestos y no tienen compromisos con la alta burocracia que los ignora y desprecia.
Además de denunciar la imposición y la arbitrariedad de la prórroga, los consejeros habremos de revisar el terrible desorden financiero que lleva a la devolución de miles de millones de pesos del financiamiento público, mismo que es aprovechado por el gobierno para su ejercicio sin rendir cuentas a nadie. Esta subordinación y uso de los recursos universitarios son parte del arreglo que sostiene al rector espurio, para que el gobierno pueda disponer de una cantidad enorme de dinero no etiquetado que usa a discreción.
Ahí estaremos en el Consejo Universitario, peleando por lo mismo desde hace meses, por la defensa de la Universidad, de sus leyes y procedimientos. Estaremos oponiéndonos a la arbitrariedad, a la imposición y el autoritarismo. Defenderemos la autonomía frente a los intereses de la política partidaria, defenderemos el pluralismo y la libertad de expresión. El Consejo Universitario General será el foro para que la comunidad se exprese y de nueva cuenta diga #prórrogaNO.
