La liberación de un exalcalde priísta de Veracruz acusado de fraude y ataque bajo el argumento de “falta de pruebas” vuelve a encender las alarmas sobre la opacidad, el compadrazgo y la manipulación política del sistema judicial. No se trata de un caso aislado, sino de un patrón que erosiona la confianza ciudadana y exhibe la fragilidad institucional del Estado.
El caso del exalcalde priísta recientemente liberado en Veracruz, pese a los señalamientos de fraude y ataque, no sorprende. Indigna, pero no sorprende. El guión es conocido: un político con historial turbio, una investigación que se desmorona por “errores” procesales, y un tribunal que, con gesto solemne, decreta la inocencia por “falta de pruebas”. En realidad, las pruebas suelen faltar porque alguien se encarga de que falten. Lo que abunda, en cambio, son los vacíos institucionales, las omisiones deliberadas y el pacto silencioso entre el poder político y el judicial.
En teoría, el debido proceso es un escudo del ciudadano frente al abuso del Estado. En la práctica mexicana, se ha convertido en el refugio de quienes abusan del poder. Las llamadas “presuntas violaciones al debido proceso” se invocan no para garantizar justicia, sino para enterrar expedientes incómodos. Un error en una notificación, una cadena de custodia incompleta o una declaración tomada fuera de plazo bastan para anular meses de investigación y devolver la libertad a los poderosos.
No es casual que este episodio ocurra en Veracruz, estado donde la justicia ha sido históricamente campo de batalla entre grupos políticos y donde la Fiscalía ha cargado, durante años, con el descrédito de actuar más como instrumento de presión que como garante de la ley. Las encuestas nacionales (Envipe, Inegi) colocan a la Fiscalía veracruzana entre las menos confiables del país: más del 90 por ciento de los ciudadanos desconfía de ella. No se trata de percepción: es una evidencia empírica de que algo está profundamente roto.
Cuando un exalcalde acusado de corrupción y agresión es liberado por “falta de pruebas”, el mensaje a la sociedad es devastador: la ley se aplica con bisturí político. Se castiga a los adversarios, se perdona a los aliados y se encubre a los intocables. Cada absolución de este tipo ahonda la distancia entre justicia y legalidad, entre el discurso institucional y la realidad en las calles. El ciudadano que ve a los responsables salir por la puerta trasera del tribunal comprende que el Estado de derecho en Veracruz es, todavía, un Estado de privilegio.
El problema no es sólo jurídico; es ético y político. Porque detrás de cada expediente que se “cae” hay una red de favores, lealtades y silencios. Las fiscalías locales no sólo padecen falta de profesionalismo, sino también subordinación estructural a los gobiernos en turno. Y cuando la justicia depende del calendario electoral, deja de ser justicia para convertirse en estrategia.
La transparencia judicial no puede ser una aspiración teórica. Requiere instituciones que rindan cuentas, auditores externos, jueces con carrera profesional y, sobre todo, una ciudadanía que deje de resignarse. Veracruz no puede normalizar que los mismos políticos que saquearon municipios reaparezcan limpios y sonrientes, amparados por tecnicismos procesales y la complicidad de un aparato judicial que les debe favores.
El reto del Estado veracruzano no es sólo castigar a los corruptos, sino demostrar que el castigo no depende del color del partido ni de la cercanía con el poder. De lo contrario, seguiremos viendo una justicia selectiva que castiga al ladrón de gallinas pero indulta al ladrón de presupuestos.
Mientras la impunidad siga siendo rentable, la corrupción seguirá siendo un buen negocio. Y mientras la justicia siga siendo un espectáculo de sombras, Veracruz seguirá siendo escenario de una tragicomedia en la que los culpables se declaran víctimas y los inocentes siguen esperando que alguna vez la ley deje de ser una farsa.
