Es curioso. Basta poner un pie en una isla que jamás había sido pisada por “lo federal” para que, súbitamente, se anuncie su desaparición. El símbolo más noble del Estado —la educación pública— se esfuma sin ruido. Lo paradójico es que fue el mismo pueblo quien colocó ahí, tiempo atrás, a Jimmy Carter, quizá el presidente con más talla moral del siglo XX. Y ahora, con esa misma legitimidad democrática, se desvanece la Secretaría de Educación.
Tengo tres comentarios, en forma de preguntas.
Primero: ¿por qué no hay estupor, ni indignación, por el hecho de una desaparición anunciada?
La respuesta es incómoda: porque hemos sido anestesiados. Una mezcla de saturación mediática, polarización política y narrativas oficiales que maquillan el desmantelamiento como “austeridad republicana”. Ya no se cuestiona, apenas se murmura. Hemos naturalizado que el país pierda instituciones fundamentales como si fueran muebles viejos.
Segundo: ¿cuáles serán las repercusiones?
Graves y profundas. Desaparecer la Secretaría de Educación no es una medida administrativa: es una fractura estructural. Se pierde la coordinación nacional, se fragmentan políticas educativas, se debilita el carácter público, gratuito y laico de la educación. También se desprotegen derechos laborales de los docentes y se abre la puerta a modelos privatizadores, disfrazados de “alternativas comunitarias”.
Tercero: ¿quién defiende a las escuelas?
Muy pocos. Algunos sindicatos honestos, docentes comprometidos, comunidades escolares organizadas y algunos académicos críticos. Pero todos ellos dispersos, sin una fuerza articulada. La defensa de la escuela pública, como la de la democracia, necesita redes vivas, afectivas, conscientes de que educar es un acto político.
Y una cuarta: ¿cuál es la verdadera agenda detrás?
La respuesta está entre líneas. Se trata de desmontar una estructura que aún produce pensamiento independiente. De silenciar voces pedagógicas que no obedecen al guion. De abrir paso a la privatización encubierta. Y de centralizar el poder sin tener que lidiar con los contrapesos democráticos y pedagógicos que representaba la Secretaría.
No se está cerrando una oficina. Se está desmontando una de las pocas islas de soberanía intelectual que quedaban.
¿Lo vamos a permitir?
