Marco Vinicio Saldaña Valero
El 15 de abril el año en curso, la gobernadora de la entidad, Rocío Nahle García, instaló la Comisión Intersecretarial de Fomento a la Inversión del Estado de Veracruz (COFIN) con el propósito de consolidar a la región Sur-Sureste como “referente en atracción de inversiones… posicionándose como un actor estratégico en el desarrollo económico del Golfo de México”.
La pregunta que resulta de la instalación de la Comisión citada es cuál es el estado que guardan los trabajos tendientes a convertir el fomento de la inversión en algo más allá de “fortalecer los mecanismos de coordinación y vinculación con el sector empresarial, así como facilitar la identificación de proyectos prioritarios para detonar el crecimiento económico y la generación de empleos”.
Supongo que los enclaves para la instalación de las industrias ya están concebidos y cuidarán que se integren a las cadenas productivas en ciernes y establecidas, lo cual también es procedente y corresponde a la misión del Plan México.
Por supuesto, la región tiene la fuerza de trabajo para incorporarse a este proyecto y con la inversión realizada por el gobierno federal anterior y la que proyecta el actual es necesario un manejo de la inversión que sustituya importaciones, mire al Sur, retome las ventajas comparativas e impulse los nuevos rasgos que resultan del papel del Corredor Interoceánico en materia de servicios e industria, pero también impulse lo local y participe con valor agregado a promover el desarrollo económico.
Pero una comisión de esa naturaleza a estas horas del partido, tiene en la consolidación de la región Sur-Sureste una tarea estratégica de gran calado que no se debe soslayar. Sin embargo, así planteado el asunto como quedó plasmado en la instalación de la citada Comisión, está cojo o es resultado de una visión desarrollista que tiene como orientación mantener en estado de vulneración a dos actores que han sido ocupados indiscriminadamente antes del neoliberalismo y en la implementación de este modelo en los años recientes: la fuerza de trabajo, y el entorno geográfico humano y ambiental.
Por eso mismo, resulta preocupante lo limitado del propósito y alcance de su instalación, cuando la fuerza de trabajo y el entorno geográfico humano y ambiental, las condiciones de las zonas habitadas y los procesos de urbanización dejan de ser apuntados como aspectos que conformen parte medular del proyecto citado.
Hay la experiencia del corredor del llamado Tratado de Libre Comercio: Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, donde las condiciones de precariedad social que generó el modelo, la vulnerabilidad laboral, los salarios bajos, las condiciones de los desarrollos urbanos con dosis excluyentes del crecimiento económico y desarrollo social que, por el enfoque del mercado orientado al mercado externo, se volvieron en un muro de contención para el impulso de los derechos sociales y económicos y del bienestar compartido.
Aunado a lo anterior, la incorporación de la guerra contra la delincuencia organizada cerró la tijera para que la trampa de la pobreza provocara que jóvenes no tuvieran oportunidades reales de movilidad social y su porvenir sea marcado como carne de cañón de los objetivos e intereses económicos de estos grupos.
Por lo cual, es menester que esta Comisión se coordine con los municipios que conforman la región, realicen un diagnóstico en materia de salud, educación, servicios públicos, movilidad, seguridad y conjuntamente emprendan acciones tendientes a detonar el bienestar compartido.
Lo anterior lo debe visualizar la Comisión Intersecretarial como una cuestión de método, ya que un gobierno progresista no solamente debe partir de la necesidad de atraer inversión a polos de desarrollo económico, sino también debe incorporar las condiciones materiales y sociales de vida de la población, los servicios en todos los ámbitos, las condiciones ambientales y el funcionamiento del aparato administrativo local de manera tal que se traduzcan en acciones de gobierno que, para el caso de Veracruz, se apliquen como políticas públicas que pongan el acento en el rezago existente y las asimetrías macro y micro territoriales existentes.
