Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó ayer en la mañanera que el Estado mexicano cumplirá a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, no fue un gesto diplomático ni pronunció una frase de compromiso genérico. Hizo algo mucho más incómodo para la tradición del poder en México: reconoció que el Estado puede delinquir y que, cuando lo hace, debe responder por ello.
Eso, en el México neoliberal, era inconcebible. La distancia entre la Cuarta Transformación y los gobiernos del periodo neoliberal no es discursiva, es estructural. Durante décadas, el Estado mexicano operó bajo una lógica simple y brutal: cuando el crimen nace en el poder, el poder miente; cuando la mentira se agota, el expediente se cierra; cuando la víctima insiste, se le desacredita. Así funcionó el sistema. Así se sostuvo.
El crimen contra Ernestina ocurrió en el momento exacto en que esa lógica se volvió doctrina de gobierno: el arranque del Estado militarizado de Felipe Calderón. En 2007, bajo una “guerra” sin mandato constitucional ni controles civiles reales, una mujer indígena, adulta mayor, fue violada sexualmente por elementos del Ejército en la sierra de Zongolica y murió días después. La reacción del gobierno no fue investigar, fue blindar.
Calderón compareció ante el país para afirmar que Ernestina murió por una “gastroenteritis crónica”. No fue un error médico: fue una decisión política de encubrimiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos desmontó esa farsa casi veinte años después. Determinó que el Estado mexicano es responsable por violación sexual, tortura y muerte, y que la investigación fue una simulación deliberada: sin perspectiva de género, sin enfoque intercultural, sin voluntad real de esclarecer los hechos.
El mensaje es devastador: el Estado no fue omiso; fue cómplice de su propia mentira. Eso es el neoliberalismo tardío en su forma más cruda: un Estado que se coloca por encima de la ley, que confunde soberanía con impunidad y autoridad con licencia para destruir vidas.
Ernestina no fue un error del sistema; fue la consecuencia lógica de un modelo que militarizó el territorio, suspendió los contrapesos civiles y trató a las muertes de civiles y a las poblaciones indígenas como daños colaterales. Frente a ese pasado, la respuesta del gobierno actual no es heroica, pero sí disruptiva. Sheinbaum no niega la sentencia, no la minimiza, no la relativiza. La acata. Reconoce que existe una instancia que juzga al Estado cuando éste se convierte en agresor y que el poder no puede ser juez y parte de manera indefinida.
¿Es suficiente? No. Cumplir una sentencia no devuelve la vida arrebatada. Pero rompe con una práctica histórica: la del Estado que se absuelve a sí mismo y clausura la verdad.
Por primera vez, el poder federal no responde con cinismo, sino con obligación jurídica. Felipe Calderón no fue un espectador ni un presidente engañado. Fue el jefe del Estado que decidió militarizar el país, el comandante civil de las Fuerzas Armadas que operaron sin controles reales y el responsable político de un aparato que, cuando violó, mintió para protegerse. La muerte de Ernestina Ascencio no fue un “exceso”: fue el resultado directo de una guerra espuria que suspendió la legalidad y normalizó la impunidad.
La sentencia internacional no reescribe la historia: la fija. Y coloca a Calderón en el lugar que durante años se intentó borrar: responsable político de un Estado que violó derechos humanos y luego negó los hechos. Chile, Argentina y Perú juzgaron a sus expresidentes porque rompieron el pacto de impunidad y aceptaron que los crímenes de Estado deben tener responsables penales; México no lo hizo porque durante el neoliberalismo eligió proteger al poder antes que a las víctimas.
Frente a eso ya no caben matices ni excusas. El crimen ocurrió, la mentira fue oficial y la impunidad fue una decisión. Esa verdad ya no puede ser enterrada. Felipe Calderón debe ser sometido a juicio penal.
