La gestión de Verónica Hernández Giadáns al frente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz dejó una huella que no puede maquillarse con discursos: la normalización del castigo antes del juicio. Su paso por la institución consolidó un modelo de persecución penal donde la imputación operó, en los hechos, como condena anticipada y la prisión preventiva dejó de ser una medida excepcional para convertirse en práctica rutinaria.
Durante su administración, Veracruz se mantuvo de manera persistente entre las entidades con mayor proporción de personas en prisión preventiva sin sentencia, de acuerdo con datos del propio sistema penitenciario y diagnósticos nacionales de justicia penal. En distintos momentos, más del 40 por ciento de la población penitenciaria del estado carecía de condena firme, una cifra que revela una distorsión estructural del sistema, no eficacia en la procuración de justicia.
Ese dato no es aislado. Detrás de él existe un patrón reconocible: detenciones inmediatas, imputaciones por delitos graves, procesos que se prolongan durante meses o años y, posteriormente, correcciones procesales, cambios de medidas cautelares o reclasificaciones que nunca fueron explicadas públicamente. No se trata de absoluciones automáticas ni de culpabilidades encubiertas, sino de investigaciones débiles sostenidas mediante coerción.
El perfil de la fiscal saliente fue el de una funcionaria cerrada, poco transparente y ajena a la rendición de cuentas. La fiscalía bajo su mando operó como una institución temida, pero no respetada. Se privilegió el impacto mediático sobre la solidez probatoria y el control político sobre la legitimidad jurídica. La presunción de inocencia quedó reducida a una formalidad retórica.
Este modo de operar no puede entenderse sólo como una desviación personal. Forma parte de una lógica más amplia: la procuración de justicia como zona de contención política durante la transición de régimen. Tanto en el ámbito federal como en el estatal, se optó por administradores del sistema antes que por reformadores del modelo. No hubo una ruptura fundacional, sino la continuidad de prácticas heredadas, funcionales a la gobernabilidad inicial pero costosas en términos de legitimidad democrática.
En este contexto se abre ahora una pregunta inevitable sobre la nueva fiscal. Existen quienes buscan trazar un paralelismo con el caso de Ernestina Godoy en la Ciudad de México, entendida como una fiscal que logró combinar alineamiento político con disciplina institucional y control del aparato penal. Sin embargo, por ahora no hay elementos suficientes para afirmar una equivalencia. La comparación sólo será válida si la nueva fiscal demuestra independencia técnica real, capacidad de corrección interna y disposición a explicar públicamente sus decisiones. De lo contrario, el riesgo no sería repetir a Godoy, sino prolongar la lógica de la fiscalía de transición bajo otro nombre.
El daño del modelo heredado es profundo. Daña a las personas procesadas y a sus familias, pero también a las víctimas reales, cuyos casos se debilitan cuando llegan a tribunales con carpetas mal integradas. El daño mayor, sin embargo, es institucional: una justicia percibida como arbitraria deja de ser justicia y se convierte en amenaza.
La salida de Hernández Giadáns no borra ese legado. Lo deja expuesto. Y obliga a una reflexión de fondo: el uso excesivo del poder penal no fortalece al Estado, lo desgasta. Gobernar la justicia desde el miedo produce control momentáneo, pero destruye confianza a largo plazo.
Veracruz no necesita una fiscalía dura ni fiscales de transición permanente. Necesita una fiscalía creíble, técnica y sujeta al debido proceso. La experiencia reciente demuestra que el castigo previo no es justicia: es distorsión del poder.
*Es Cosa Pública
