La Fiscalía Anticorrupción de Veracruz, que encabeza Clementina Salazar Cruz, es de las peores evaluadas a nivel nacional y la segunda con mayor recorte presupuestal en el país para ejercer sus actividades en 2022, a lo que se suma la falta de eficacia para investigar, pues de mil 113 denuncias registradas en el presente año solo seis fueron judicializadas y sin obtener ninguna sentencia, reveló un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
De acuerdo con dicho informe, Veracruz en cuanto al nivel de cumplimiento del marco jurídico tiene una calificación deficiente, además que, en el nivel de cumplimiento de las fiscalías anticorrupción en el eje de procesos, Veracruz obtuvo una calificación regular al igual que Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.
En cuanto al nivel de cumplimiento de las Fiscalías Anticorrupción en el eje de resultados, Veracruz resultó con calificación deficiente, al igual que las entidades de Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán.
En cuanto a investigaciones reportadas en 2022, Veracruz tiene mil 113 y se niega a revelar datos comparativos con 2020, año considerado de pandemia derivado de la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2 (covid-19). Sin embargo, de este universo de denuncias solo 164 fueron investigaciones determinadas, seis fueron judicializadas, en cuatro hubo vinculación a proceso y hasta el momento la Fiscalía Anticorrupción veracruzana no ha obtenido ninguna sentencia condenatoria. Aunado a ello, Veracruz reportó que no determinó ninguna investigación por archivo temporal.
En cuanto a capital humano, que identifica variables como el número de personal, su capacitación y nivel de escolaridad, la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz no cumplió con las variables: ministerios públicos con licenciatura, peritos con licenciatura, policías de investigación con bachillerato, analistas con licenciatura, oficiales ministeriales con bachillerato; ministerios públicos que recibieron capacitación, policías con capacitación, analistas con capacitación, oficiales ministeriales con capacitación e investigaciones en curso contra el personal.
La Fiscalía Anticorrupción veracruzana solo reportó que sí cuenta con sanciones al personal.
De acuerdo con el IMCO, en el apartado del presupuesto asignado a la Fiscalía Anticorrupción comparada entre 2022 y 2021, esta ocupa el segundo lugar nacional en recorte presupuestal, pues de 14 millones 427 mil 765 pesos destinados en 2021, actualmente tiene 5 millones 581 mil 282 pesos, es decir, una diferencia de 61.3 por ciento, solo por debajo de Hidalgo, que fue redujeron recursos en 87.2 por ciento y San Luis Potosí, en 87.4 por ciento.
El IMCO precisó que San Luis Potosí reportó un ajuste al dato proporcionado en la solicitud de información requisitada por la Fiscalía General del Estado, en la que se precisó que su presupuesto para 2022 fue de 5 millones 193 mil 500 pesos y no de 705 mil 330 pesos como fue reportado en un inicio pero para efectos de las estadísticas y datos del reporte, el estudio consideró la información oficial recabada a través de la solicitud de transparencia.
El IMCO con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en México, analizaron los avances y retrocesos de las condiciones actuales de las fiscalías anticorrupción luego del estudio hecho en diciembre 2021 “Levantemos la voz de las Fiscalías Anticorrupción”.
Al revisar el marco jurídico, recursos, capital humano, procesos y resultados, se encontró que la mayoría de las fiscalías anticorrupción (FA) se mantienen con avance deficiente o nulo, es decir, no cuentan con las condiciones requeridas para funcionar correctamente y lograr resultados en la lucha contra la corrupción.
En datos generales, se señalan que la mayoría de las FA del país carecen de los recursos necesarios para un combate efectivo a la corrupción.
Además, de las 19 mil 289 denuncias presentadas ante cada una de estas fiscalías por entidad en 2022, solo 4.3 por ciento llegaron ante un juez y 0.2 por ciento obtuvieron una sentencia. En 2022 la suma del presupuesto reportado por 25 fiscalías anticorrupción asciende a 808 millones de pesos.
