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Circula la versión de que un grupo de 38 militares —entre ellos varios generales de cuatro estrellas— habría firmado una carta pública rechazando respaldar a Donald Trump como comandante en jefe. La sola formulación es explosiva. Si oficiales en activo desconocieran la autoridad presidencial, Estados Unidos estaría ante una crisis constitucional abierta.
Antes de convertir la cifra en diagnóstico, conviene distinguir. En los últimos años sí ha habido cartas y posicionamientos firmados por militares retirados y exaltos funcionarios de defensa que cuestionan decisiones de Trump, su conducta o su interpretación de la inmunidad presidencial. Eso forma parte del debate público. Los retirados son ciudadanos. Pueden opinar. No es ruptura institucional.
Otra cosa, radicalmente distinta, sería que mandos en activo rechazaran formalmente la autoridad del presidente como comandante en jefe. Eso cruzaría una línea roja histórica. La subordinación militar al poder civil no es una formalidad administrativa; es uno de los pilares del sistema republicano estadounidense. Sin esa subordinación, la arquitectura constitucional pierde estabilidad.
Hasta ahora no existe confirmación verificable de que oficiales en activo hayan suscrito una declaración de desconocimiento. En el ecosistema digital, la mezcla de retirados, exfuncionarios y titulares inflamados suele transformarse en narrativas de insubordinación. La cifra redonda —“38 militares”, “7 generales de cuatro estrellas”— amplifica el impacto, aunque el contenido real sea más matizado.
El problema no es solo la posible desinformación. Es el clima que la hace creíble. Estados Unidos atraviesa un momento de polarización profunda. Las tensiones entre liderazgo político y élites institucionales son visibles. El debate sobre la inmunidad presidencial, el uso de fuerzas federales en asuntos internos y la creciente retórica confrontativa han tensado la relación entre política y aparato de seguridad.
En ese contexto, cualquier señal de fisura se magnifica. Pero conviene recordar que el sistema estadounidense ha atravesado crisis graves —Vietnam, Watergate, Irak— sin que la cadena de mando militar se rompa. La tradición profesional de las fuerzas armadas ha sido mantenerse al margen de la disputa partidista, incluso cuando figuras retiradas expresan desacuerdo.
Que generales retirados cuestionen a un expresidente es síntoma de fractura política. Que militares en activo lo hicieran sería señal de quiebre estructural. No estamos ahí. Pero el hecho de que la versión circule con facilidad revela el grado de desconfianza que atraviesa al sistema.
En una república constitucional, el presidente puede ser criticado, impugnado, derrotado en las urnas o procesado judicialmente. Lo que no puede ocurrir sin alterar el régimen es que la fuerza armada actúe como árbitro político. Esa es la frontera.
El episodio, confirmado o exagerado, muestra algo más profundo: la legitimidad institucional en Estados Unidos ya no es un dato automático. Se disputa. Y cuando la legitimidad se disputa, los rumores sobre fracturas militares encuentran terreno fértil.
La línea roja sigue en pie: las fuerzas armadas obedecen al poder civil electo. Mientras eso se mantenga, el sistema resiste. Si alguna vez dejara de ser así, la crisis ya no sería retórica. Sería constitucional.
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