El diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, urgió a que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, informe sobre la situación jurídica de las personas que fueron encarceladas por el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz.
Lo anterior fue expresado por el legislador petista durante la sesión celebrada este martes, quien externó en tribuna que el objetivo es conocer si no se variaron los tipos penales con el fin de mantener presas a las personas.
Díaz Ávila presentó un anteproyecto de punto de acuerdo que fue respaldado por la totalidad de la bancada panista y otros legisladores de oposición, principalmente y algunos del partido Morena.
En éste recordó que las leyes no sólo están hechas para que las obedezcan los gobernados, sino también para que las respeten y obedezcan los gobernantes, de ahí que es importante luchar “en contra de ese enemigo común que es la impunidad”.
Díaz Ávila señaló que el pasado 28 de febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad del artículo 331 del Código Penal de Veracruz, relativo al delito de ultrajes a la autoridad, al violar el principio de taxatividad.
“Considerando que en las cárceles de Veracruz se encuentran recluidos ciudadanos y ciudadanas que en su momento fueron imputados por el delito de ultrajes a la autoridad de parte de la Fiscalía del Estado y los jueces, otorgaron la prisión preventiva por el delito hoy derogado, lo que ha derivado de una falta de motivación jurídica por parte de los jueces y los fiscales toda vez que la Suprema analizó este tipo penal a profundidad concluyendo que debía derogarse”, argumentó.
En el anteproyecto sostuvo que considerando la fecha en la que fue derogado el delito, se torna necesario que la sociedad veracruzana conozca la situación jurídica actual de los centenares de ciudadanos procesadas por el mismo.
“Sería además de irresponsable, falta de ética pensar que los jueces hayan variado el tipo penal con el propósito de mantener en prisión a las personas que en su momento fueron procesadas y recluidas por este delito que ya no existe en Veracruz”.
