El imputado por el presunto delito de feminicidio Alberto Martín “N” en contra de la rectora de la Universidad de Valladolid, María Guadalupe “N”, está en espera de la determinación de la justicia tras obtener un amparo federal, al presentar el dictamen victimológico por actos de tortura a cargo de policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.
La FGE acusa a Alberto Martín “N” de coparticipar con su hermana July Raquel “N” y otro sujeto de nombre Fernando “N” en el asesinato de María Guadalupe “N” ocurrido el 29 de junio de 2020 en el fraccionamiento Bugambilias del municipio conurbado Emiliano Zapata.
July Raquel “N” y Fernando “N” fueron detenidos en la Ciudad de México el 7 de noviembre de 2020, mientras que Alberto Martín fue aprehendido un año después el 11 de noviembre de 2021; los tres se encuentran recluidos en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, en espera de una sentencia.
En entrevista, el abogado defensor René Rodolfo Paratte Corona informó que obtuvieron el amparo 1124/2021 otorgado por el Juzgado Décimo Séptimo del Distrito Federal radicado en Xalapa y fue presentado ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Xalapa, Adrián Reyes Hernández.
El amparo de la justicia federal fue solicitado por el abogado defensor tras presentar la queja por los actos de tortura cuando fue detenido por policias ministeriales de Veracruz, la ilegal detención y la vinculación a proceso que dieron a Alberto Martín “N” por el delito de feminicidio.
El abogado explicó que tras presentar el amparo, el juez determinó 4 meses de investigación complementaria para recabar información, sin embargo, la FGE no ha presentado documentación y continúan en espera.
“Estamos bajos los efectos de un amparo, esto significa que en en el proceso penal manejan a Alberto como imputado; cuando pides un amparo cambia la modalidad de la persona, ahora es un quejoso, se queja de lo que dictaminó la autoridad que en este caso es el juez Adrián Reyes; la Fiscal Séptima y Quinta a quienes el federal les pide informes para determinar si hay los elementos suficientes del delito que se le imputa”, explicó.
El abogado recordó que en la segunda etapa de la audiencia de presentación, el acusado se desnudó frente al juez para demostrar los actos de tortura al que fue sometido por la policía ministerial, en el que se aprecian quemaduras por descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo que incluye sus genitales.
“El 16 de noviembre fue vinculado a proceso bajo la prisión preventiva oficiosa y se da un periodo de un año, para la investigación complementaria se dan cuatro meses, metimos un amparo para que una autoridad mayor que el estado verificara que el juez del estado pasó por alto que venía torturado”.
El abogado expuso que la Constitución Política de los Estados Mexicanos señala que si el detenido fue torturado, maltratado y amenazado, se le debe dictar liberación inmediata.
“Pero eso es un mito que no existe en México y menos en Veracruz. Es otro acto de atropellamiento de derechos humanos en Veracruz. Estamos en espera de lo que el juez federal decida a quién le presentamos el dictamen victimológico, que son pruebas que también presentamos ante el juez del estado”, finalizó.
