La diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), propuso una modificación al Código Penal federal para ampliar la protección legal a grupos vulnerables ante “situaciones de desventaja” en el contexto de violencia familiar.
“El ánimo es contribuir a cerrar las brechas de desigualdad legislativa que sufren las personas adultas mayores y las mujeres, así como las niñas, niños y adolescentes, de acceso a la justicia”, afirmó en un comunicado.
Sostuvo que su propuesta busca reformar la fracción V del artículo 316 de dicho ordenamiento y extender la protección legal en las siguientes situaciones: cuando el agresor es una persona superior en fuerza física y la víctima es una mujer, cuando el agresor es una persona superior en fuerza física y la víctima es una persona menor de 18 años y cuando el agresor es una persona superior en fuerza física y la víctima es una persona adulta mayor.
Expuso que el Código Penal federal y los códigos penales de las entidades, definen lo que se debe entender por “ventaja”, formulando diversas hipótesis o casos en que se considera existe ventaja. Sin embargo, “la legislación no previene la que se produce contra adultos mayores ni tampoco a la que se causa a la mujer ni otros grupos vulnerables”.
“Es así como, en la premisa de actualizar específicamente la ‘ventaja’ prevista por la fracción quinta del anterior precepto, se propone adecuar su contenido para ampliar la tutela y el bien jurídico protegido a favor de las diversas variables a que me refiero”, dijo Ramírez Padilla.
Refirió que considera importante aportar más elementos normativos a la cultura punitiva y garantizar mejores condiciones de legalidad y afectividad en materia de justicia penal que proteja también a los adultos mayores ante agresiones físicas, buscando inhibir la conducta para salvaguardar la integridad de las personas adultas mayores.
“Esta iniciativa se suma a las iniciativas de la Cuarta Transformación, quienes hemos buscado desmantelar las estructuras del viejo régimen de corrupción e impunidad, implementando políticas públicas sociales destinadas a empoderar a diversos grupos de población más vulnerable”, concluyó la legisladora.
