Las veracruzanas Pauleth, Quetzally, Andrea y Teresa son cuatro de un centenar de mujeres víctimas de violencia vicaria que al carecer de una legislación, más la corrupción y dilación ejercida por empleados de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial del Estado (PJE) están impedidas para tener y criar a sus menores hijos.
Las cuatro mujeres tienen en común haber padecido dentro del hogar la violencia de género, económica, psicológica, golpes, maltrato. Y cuando decidieron finalizar la relación para salvar sus vidas, el agresor comenzó a ejercer la violencia vicaria. A través de sus hijos o hijas, sus exparejas continúan la violencia al impedirles la convivencia, verlos, criarlos y tenerlos con ellas.
En entrevista, las víctimas refieren que ante la ausencia de una ley para sancionar la violencia vicaria han padecido la corrupción entre empleados de la FGE y el PJE.
“Hay corrupción, se maneja desde archivo, actuaria, secretarios, mesas de acuerdo, son todos; la corrupción con el juez es el último eslabón, primero empiezan los que notifican, que les dicen ‘no notifiques o notifica en un domicilio incorrecto’ y con eso dicen que no llegamos a las audiencias”, expusieron.
Señalaron que sus hijos también son víctimas de la ausencia de una ley para sancionar la violencia vicaria en Veracruz.
En enero de 2023, la diputada Ruth Callejas Roldán presentó una iniciativa con proyecto de decreto con el objetivo de que el marco jurídico de la entidad reconozca el tipo penal denominado “violencia vicaria” y establezca las medidas preventivas y de atención al respecto, además de las sanciones y medidas que se pueden imponer.
Fue la psicóloga clínica especializada en victimología, Sonia Vaccaro, quien acuñó el término “violencia vicaria” para definir “aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros. El maltratador sabe que dañar, asesinar a las hijas o los hijos es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo”, explicó.
Por tanto, señaló Ruth Callejas, “la violencia vicaria es violencia de género. En ella se sustituye a la persona en la acción directa física o psicológica de la violencia para causar un daño mayor y permanente a la mujer. El objetivo es la mujer”.
Esta iniciativa de ley no ha prosperado en el Congreso local y continúa guardada en el cajón de los 50 diputados.
Andrea viaja de Guadalajara a Xalapa para ver a su hija
Andrea Julieta Ortiz González narra que el 22 de julio del 2020 ella se encontraba en un tienda de abarrotes de Puerto Vallarta, Jalisco, cuando el agresor, el arquitecto Alejandro “N”, ayudado por su hermana, le arrebató a su hija para traerla a vivir a Xalapa, por lo que ella viaja y gasta sus recursos cada 15 días para ver a la menor de edad.
Un ejemplo de la corrupción y dilación del Poder Judicial de Veracruz es que pasaron nueve meses para que el juez de lo familiar celebrara una audiencia y diera curso a la situación legal de la menor de edad, refirió.
“A mi hija la desaparece un mes, cuando vuelvo a saber de ella estaba en Xalapa con un depósito judicial; la audiencia que se debió tener a la primera semana que hacen el depósito de un menor, esa audiencia me la dieron hasta a los nueve meses porque el juez dijo que estábamos en pandemia”, detalló.
Refirió que promovió una audiencia por incompetencia para informar que ella y la niña no vivían en Xalapa y el juez de lo familiar determinó que la menor de edad se quedara con su padre porque tenía un año de estancia en esta ciudad capital.
“A mi hija me la quitan de tres años y ahora tiene seis y medio. Ahora vive con los abuelos, vive como hermana de su padre porque él siempre ha vivido con sus papás. Al año que me la quitaron me dejaron verla en casa del violentador vicario de 11 a 16 horas y el agresor nos tenía encerradas en la cochera”.
Andrea informó que el violentador vicario Alejandro “N” –propietario de una tienda de accesorios de madera y playeras personalizadas y también forma parte de dos bandas de música– se amparó y eso le impidió ver a la menor; en la actualidad ve a la niña los sábados y domingo cada 15 días en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial, y paga una pensión económica al agresor dictada por el juez octavo Leopoldo Toss Capistrán.
Aseguró que en la determinación también influyó la secretaria de Acuerdos del Juzgado Octavo, Rocío Reyes Parra, que ahora está en el puerto de Veracruz.
“Ni la secretaria ni el juez ejercen su trabajo, a la fecha tengo mes y medio que a mi hija no la conectan en videollamadas y tengo cuatro convivencias presenciales que no me permiten verla. Mi hija ya tiene seis años y en tres años tres meses no he visto que cumplan con el interés superior de mi hija”, finalizó.
En tres años sólo he visto a mi hija ocho veces: Pauleth
El 27 de diciembre de 2020, la hija de Pauleth Ruiz Bonilla con edad de 18 meses fue sustraída del hogar en Xalapa; el 29 de ese mismo mes acudió a la FGE a denunciar la sustracción y la violencia familiar; el 5 de enero del 2021 el agresor vicario promovió un deposito de menores; el 8 de enero se lo concedió la juez décima del Juzgado de lo Familiar.
Posteriormente el 25 de febrero el agresor vicario demandó la guarda custodia, pensión alimenticia y el divorcio; y el 5 de marzo la jueza impuso que ella debía pagar una pensión de carácter provisional de 50 por ciento de un salario mínimo.
Al transcurrir un año, Pauleth no había podido ver a su hija, así que promovió la convivencia, pero el agresor vicario sólo permitió la videollamada; después concedieron a la madre ver a la niña edad de dos años y medio durante cuatro horas cada 15 días.
Pauleth explicó que el agresor vicario promovió un recurso para que ella sólo pueda ver a la niña de manera asistida, pero desde septiembre no la ha visto.
“Quiero que me restituyan a mi hija, los derechos de mi hija y los míos porque no he podido ver a mi hija, no la he podido maternar. Se la llevaron de un año y medio; actualmente tiene cuatro años y no he podido estar con ella. Es mi hija y los jueces no me dejan verla”, lamentó.
Teresa Auroze
Desde el 2013, Teresa Auroze ha visto pasar sus horas en juzgados de lo familiar para encontrar la justicia y el agresor vicario le regrese a su hijo, pero han transcurrido 10 años, sin que los jueces del Poder Judicial de Veracruz ordenen la restitución del menor a su hogar.
Lo último que vivió como parte de la violencia ejercida por el agresor vicario es que fue detenida el 10 de septiembre del 2023 para coaccionarla y exigirle que pare la demanda de tener a su menor hijo. Previamente en el año 2022, los jueces del Poder Judicial de la Federación ordenaron al agresor vicario que regresa al menor de edad al hogar de la madre, pero el padre se niega.
“Una vez que tengo mi carpeta, acercaron a mi hijo para ubicarme y soy detenida en septiembre en sábado para ser coaccionada y dieron curso a una denuncia de violencia familiar falsa, es falsa, porque no yo no he visto a mi hijo en 10 años”, dijo Teresa.
Desde el año 2013 que su hijo fue sustraído de su hogar, no ha podido tener al menor, ni convivir con él, ni criarlo, por lo que exigió a los y las diputadas que aprueben la ley para castigar la violencia vicaria, con el propósito de que las madres de familia puedan tenerlos.
