viernes, enero 21, 2022
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IVM, como CGE y FGE, obstaculiza justicia en denuncia por acoso de funcionario desde 2019

Veracruz, Ver.- Paloma “N” víctima de acoso sexual y hostigamiento laboral por parte de un funcionario de la Secretaría de Gobierno manifestó que las denuncias presentadas en contra de su agresor no registran avances ni en la Contraloría General del Estado (CGE) ni en la Fiscalía General del Estado (FGE) a tres años de ocurridos los hechos.

En entrevista, la empleada del gobierno del estado señaló que la Contraloría vició el proceso que se inició en contra del ex director general de Gobernación al resolver que se trató de una falta no grave, porque la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos no contempla el acoso sexual en sus apartados.

Además, la joven indicó que la Contraloría General no le notificó la resolución correspondiente, por lo que perdió la oportunidad de impugnar el resolutivo ante el Tribunal de Justicia Administrativa (Tejav) en un primer momento, pero ahora el caso ya se encuentra en esa área.

Paloma “N” narró que solicitó apoyo al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), sin embargo, aclaró que fue humillada y se le otorgó un trato horrible.

“Con los recursos que yo tenía tuve que poner esa denuncia penal, cabe destacar que a mí me negaron la asesoría jurídica el Instituto Veracruzano de las Mujeres, ése me humilló, me solicitó para entrar a su instituto que tenía que llevar abogado, cuando se supone que ellos me lo tenían que otorgar, la atención psicológica fue totalmente horrible”, detalló.

Ante el encubrimiento hacia el agresor, la víctima de acoso sexual y hostigamiento laboral interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) en noviembre del 2019, pero el caso todavía no se judicializa a dos años de promovida.

La empleada del gobierno del estado aseguró que otras tres mujeres denunciaron a su agresor por la misma situación, por lo que se le cambió de área y lo nombraron coordinador de la Junta Estatal de Mejoras.

La joven mencionó que presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que su caso no quede en la impunidad.

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