Orizaba, Ver.- En municipios de la zona centro del estado siguen los señalamientos contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a quienes acusan de extorsión, por lo que organizaciones no gubernamentales iniciaron acciones para protestar por estas irregularidades.
Elizabeth Orozco Núñez, presidenta de la Coordinadora de Abogados en la Zona Orizaba-Córdoba, dijo estar de acuerdo con la cero tolerancia hacia conductores que manejan ebrios, pues es seguridad para todos y se cuida la vida tanto de ellos como la del resto de ciudadanos, “el problema radica en que cuando detienen a una persona y la multa va de los 10 mil a los 15 mil pesos ya está lejos de ser por una falta administrativa”.
Expuso que, según el Bando de Policía y Buen Gobierno, la multa administrativa debe comprender el equivalente a un jornal, lo que significa un salario mínimo, “no las cantidades estratosféricas que la corporación estatal exige”.
Detalló que el único municipio de la zona que cuenta con su policía es Orizaba, los demás municipios cuentan con los agentes estatales haciendo las veces de municipales sin respetar jurisdicción, por lo que pueden detener a conductores o ciudadanos en cualquier lugar incluyendo Orizaba.
La litigante expuso que la queja es para que la Polícia Estatal deje de ser abusiva y extorsionadora, porque con la amenaza de que de no pagar la multa la grúa se hará cargo de tu vehículo, hace que el usuario consiga el dinero, “pues todos sabemos lo que significa la intervención de las grúas, que de más está decir que es un abuso y un robo”.
Planteó que si la razón del operativo realmente fuera ayudar, fomentar el turismo y proteger a la ciudadanía, esa cero tolerancia se reflejaría en que además de no permitir que nadie conduzca en estado etílico, se apoyaría trasladando a choferes en estas condiciones a su casa, hacer revisiones aleatorias a los transeúntes, cobrar la multa correspondiente a un jornal como lo marca el reglamento, fijar una multa que no se lesiva para las personas que cometen la falta de manejar en malas condiciones, pues en este momento este actuar de los uniformados “más que ayudar sólo sirve de descalabro económico los habitantes del estado”.
“La Polícia Estatal sólo se dedica a extorsionar con pagos elevados y con la amenaza de que de no pagar el vehículo será trasladado por una grúa al corralón, lo que todos los habitantes del estado sabemos cómo se las gastan. Esto no es fomentar el turismo ni ayudar a la ciudadanía. Esto es una vil colecta de recursos arbitraria, desproporcionada a la economía en la que el país se encuentra. Y si le agregamos que ninguna policía entrega un recibo, nos hace dudar que estos recursos sean utilizados en beneficio de la ciudadanía. Más bien, repito, se convierte en una extorsión.
“Esto es un descalabro económico para quienes cometen la imprudencia de manejar en estado etílico, algo que no se debe justificar ni dejar de sancionar. Pero que no debe ser pretexto para dejarlos sin recursos en fechas tan significativas como los periodos vacacionales”.
