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En 2021, más de 600 veracruzanos fueron acusados de ultrajes a la autoridad

El pasado 11 de marzo de 2021, el Congreso local de Veracruz aprobó aumentar las penas por el delito de ultrajes a la autoridad y desde entonces, más de 600 personas, entre políticos, líderes sociales y ciudadanos han sido acusados de ello.

De acuerdo a una solicitud de información remitida ante el Poder Judicial del Estado, hasta el 31 de diciembre del 2021, 621 personas fueron acusadas de la Comisión del delito de ultrajes a la autoridad.

De la cifra antes mencionada, 535 detenidos fueron vinculados a procesos. De estos, 128 siguen su proceso en libertad, 418 tienen medida cautelar de prision preventiva oficiosa para seguir su proceso, mientras que una persona tiene prisión preventiva domiciliaria debido a la edad con la que cuenta.

Los datos también señalan que el juzgado del Distrito Judicial de Xalapa es el que ha recibido a más personas acusados de ultrajes con 151, mientras que el de Ozuluama, en la zona norte, es el menos ha recibido con apenas una.

Es de recordar que de los primeros casos públicos donde se empleó esta figura jurídica, fue en la detención de Rogelio Franco Castán quien se desempeñó con secretario de Gobierno en la administración Yunista, quien además se enfilaba para ocupar una curul en el Congreso Federal bajo las siglas del PRD. Actualmente sigue detenido.

Otro perredista detenido bajo la comisión de ultrajes a la autoridad fue Gregorio Gómez quien era candidato a la Presidencia Municipal de Tihuatlán, él también sigue detenido.

En Xalapa, Mario Casares Sort de Sanz, vocero de los verificentros, en medio de una protesta fue detenido por el hecho y aunque luego fue puesto en libertad, continúa su proceso acusado de ultrajes a la autoridad.

Sin embargo, el caso que detenó que Veracruz ocupara durante varios días encabezados de medios nacionales fue el de 6 jóvenes en una plaza comercial, hecho en el que el senador Ricardo Monreal intervinó, haciendo duras críticas sobre la violación a los derechos humanos que el gobierno cometía.

Por este caso, se abrió una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que derivó en la recomendación 146/2021 donde se pide a la administración que encabeza el gobernador Cuitláhuac García, suprimir el delito de ultrajes a la autoridad.

La respuesta del gobierno de Veracruz fue que aceptaría dicha recomendación que incluye derogar el numeral 331 del Código Penal Estatal para prevenir nuevas transgresiones a los derechos humanos de los veracruzanos.

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