El empresario Joaquín Rodríguez Fernández denunció ante el gobernador Cuitláhuac García Jiménez “arbitrariedades y negocios turbios” de la jueza Ihali Patricia Armas Márquez, y de proteger a quienes le defraudaron por 30 millones de pesos, los también empresarios Manuel Rodríguez Fernández, Celia María Rodríguez Valcárcel e Isabel Rodríguez Valcárcel.
En su denuncia, el hombre de negocios expuso que con todo y que existe la carpeta de investigación VER/DXVII/F8/5554/2022 y un juez les dictó orden de aprehensión, en el proceso penal 97/2023, los empresarios citados pactaron impunidad con la jueza Ihali Patricia Armas Márquez en una reunión privada que se llevó a cabo el 8 de mayo.
El 12 de mayo, añade en su alegato escrito presentado al mandatario veracruzano, “a las 11:58 horas, acudí a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, en esta ciudad de Xalapa, para interponer formal denuncia en contra de su señoría por hechos que probablemente constituyen los ilícitos de incumplimiento de un deber legal, encubrimiento por favorecimiento, prevaricación equiparada, delito contra la administración de justicia, y los que resulten”.
Al referirse al encuentro privado que sostuvo, no aplicar la ley y no exigir que se cumpliera la orden de aprehensión vigente contra los defraudadores, “en su actuar se contrapone al principio de legalidad, pues con toda negligencia fue omisa en pedir el auxilio respectivo para ejecutar la orden de aprehensión en contra de Celia María Rodríguez Valcárcel, y le ayudó a conseguir una ventaja procesal, delegando a su auxiliar de sala la comisión de practicar una comparecencia, en virtud de que dicho por los propios investigados ya habían pactado económicamente con la jueza que no detendría”.
Esto, explicó, “es una violación a los artículos 1, 16 y 17 constitucionales, en razón de que usted debía solicitar la ayuda necesaria para ejecutar la orden de aprehensión vigente en contra de la persona que se puso ante su presencia. Y, sin mayor dilación, debió haber citado a audiencia inicial en ese momento”, añade en el documento.
Por ello, interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz y una denuncia ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, en detrimento de la jueza Ihali Patricia Armas Márquez.
“Cabe precisar que el único objetivo de apoyar a Celia María Rodríguez Valcárcel es porque tiene un capricho jurídico previamente acordado mediante recursos económicos, faltando a los principios de imparcialidad, objetiva y subjetiva, en virtud de que es claro que tiene interés personal y directo en seguir conociendo el asunto”, indica en el documento.
“Es claro que su actuar tiene la finalidad de beneficiar a los investigados del proceso penal 97/2023, y no aplicar lo que en derecho corresponde, haciendo que los multicitados evadan la acción de la justicia y se den a la fuga”, sentenció.
El empresario quejoso pide al mandatario veracruzano que la jueza sea investigada, así como quienes la protegen.
