Las organizaciones Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI, por sus siglas en inglés) y Front Line Defenders manifestaron su “profunda preocupación” ante lo que calificaron como “una nueva ola de violencia en contra de comunidades indígenas tzotziles y tzeltales en el estado de Chiapas”. En un pronunciamiento refirieron que durante los primeros días del año 2022 han recibido información “sobre constantes agresiones por parte de grupos armados en los municipios de Aldama, Ocosingo, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón, Pantelhó y otros”.
Por ello demandaron a las autoridades federales y estatales a esclarecer los hechos de violencia, a conducir una investigación con debida diligencia para llevar a los responsables ante la ley de forma expedita y a asegurarse de que las comunidades “puedan vivir en un ambiente seguro para defender y ejercer sus derechos humanos colectivos e individuales”.
Indicaron que las comunidades afectadas han reportado que la impunidad que prevalece tras estas agresiones favorece un ambiente de inseguridad y desplazamientos forzados.
El IPRI aseveró que ha documentado testimonios directos que indican que “quienes integran estos grupos armados son presuntamente hijos de paramilitares que fueron entrenados por el Ejército mexicano en la década de los 90 y que reproducen prácticas de intimidación con el objetivo de controlar el territorio e inhibir la organización comunitaria y el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.
IPRI y Front Line Defenders afirmaron que también han recibido información sobre varias agresiones por parte de grupos armados en contra de la población civil de las comunidades indígenas de Chivit, Stzelejpotobtik, Yeton, Xuxchen, Tabac, Juxton, Coco’, Stselej Potov y la cabecera municipal de Aldama.
“El 5 de enero, habitantes del municipio de Aldama alertaron a las autoridades del gobierno de Chiapas sobre detonaciones de explosivos en su territorio y el 9 de este mismo mes continuaron los disparos en diversos puntos en el citado territorio. En el poblado Xuxch, las detonaciones alcanzaron al indígena tzotzil Javier Hernández de la Torre –integrante de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)– cuando se dirigía a su cafetal en compañía de su familia”.
El 10 de enero, agregaron, “el joven indígena Lorenzo Gómez Ruiz fue alcanzado por un proyectil en la comunidad de Stzelejpotobtik y murió horas después cuando recibía atención médica en el hospital de San Cristóbal de las Casas. El mismo día, aproximadamente a la una de la tarde, un grupo de alrededor de 15 personas encapuchadas y armadas ingresó a la comunidad autónoma 16 de Febrero, ubicada en el municipio de Ocosingo, quienes golpearon a un menor de edad y forzaron a la señora Hilaria Hernández Gómez a salir de su casa con su hijo de tres años, en brazos”.
Las organizaciones también destacaron que el caso del asesinato del defensor de los derechos indígenas Simón Pedro Pérez López –integrante de Las Abejas de Acteal– perpetrado el 5 de julio de 2021 en la cabecera municipal de Simojovel, “permanece impune al no haber avances importantes en las investigaciones, lo que ha permitido que nuevos hechos de violencia sigan afectando el tejido social y la seguridad de las comunidades organizadas.
