En el último año, casi mil 600 personas se han reportado como desaparecidas o no localizadas en Veracruz, advirtieron colectivos de familiares que señalan que este fenómeno se ha incrementado de 2022 a la fecha.
El Consejo Estatal Ciudadano de Veracruz dio a conocer que el incremento es evidente si se toma en cuenta que en la entidad hay 7 mil 394 personas desaparecidas y de esa cifra mil 578 ocurrieron en los últimos 13 meses.
A través del informe sobre las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones de Naciones Unidades (ONU) hacia Veracruz, al menos 13 colectivos sostuvieron que el fenómeno muestra un aumento alarmante.
“Las desapariciones han experimentado un alarmante aumento en el último año. Hasta junio de 2022 se habían documentado 5 mil 816 incidencias, lo que significa un incremento de mil 578 desapariciones en los últimos 13 meses”, señalan.
Sentencias para responsables de desaparición forzada son mínimas
Entre las familias existe la preocupación sobre la falta de acceso a la justicia en casos emblemáticos, tales como las desaparición forzada durante la administración de Javier Duarte, en la que se registraron aproximadamente 3 mil 600 desapariciones.
Lamentaron que pese a que el problema se ha documentado ampliamente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas sólo recoge 36 casos reconocidos como desaparición forzada en el estado.
Criticaron que aunque la fiscal general Verónica Hernández Giadans ha presumido que han obtenido 31 sentencias condenatorias contra responsables de desaparición forzada esta cifra es mínima.
“Observamos una inquietante discrepancia entre el número de sentencias obtenidas y la magnitud del problema”, indicaron.
Sospechan que fiscalías perdieron muestras de ADN
Detallaron que hay irregularidades en la toma y resguardo de muestras de ADN de las instituciones de investigación dado que hay familias que repitieron la toma de muestras, por lo que sospechan que la Fiscalía tanto del estado como la General de la República perdieron las muestras tomadas con anterioridad.
A ello se suma la falta de una base de datos homologada para la correcta clasificación de restos y datos de los catálogos de cuerpos no identificados.
La ausencia de ADN en carpetas de investigación dificulta la conexión entre los restos y las familias, lo que prolonga la búsqueda de respuestas.
Los colectivos afirmaron que además las familias sienten inseguridad durante las búsquedas en campo debido al limitado acompañamiento de cuerpos de seguridad.
“La situación de desprotección de las familias buscadoras durante las diligencias en campo es alarmante. La falta de resguardo y seguridad crea un ambiente de vulnerabilidad y temor, lo que se agrava por el aumento de la violencia en la región”, señalaron.
