El comunicado firmado por más de 40 colectivos de Veracruz, Tabasco y Campeche no es una proclama ideológica ni un gesto simbólico rumbo a la COP-30. Es una acusación documentada contra un modelo extractivo que aun bajo un gobierno que prometió revertir la depredación neoliberal sigue produciendo degradación ambiental mayúscula. El episodio del chapopote en las playas de Alvarado, ocurrido el 16 de diciembre no es un accidente aislado: es la reiteración de una normalidad tóxica.
Durante décadas, la industria petrolera –con Petróleos Mexicanos como eje– ha impuesto costos silenciosos a comunidades que viven de la pesca, al turismo local y a ecosistemas frágiles. Redes inutilizadas, embarcaciones contaminadas, fauna afectada, pérdidas económicas sin compensación y una institucionalidad que responde tarde o no responde. La pregunta ya no es si hay daño; el daño es visible, recurrente y acumulativo.
Doce años después del inicio de un proceso político que prometió recuperar al Estado de la rapiña privatizadora, Pemex reproduce esquemas de impericia y/o irresponsabilidad que se suponía habían quedado atrás. El petróleo sigue siendo tratado como prioridad absoluta, mientras la vida marina y las economías costeras aparecen como externalidades prescindibles. ¿Qué falló? ¿La infraestructura envejecida? ¿La operación deficiente? ¿La cadena de mando que no previene ni repara? ¿O una cultura institucional que normaliza el derrame como “costo operativo”?
La exigencia de los colectivos es clara y legítima: prohibir la extracción de hidrocarburos en el Golfo de México ante las consecuencias persistentes de esta actividad. No se trata de una consigna maximalista; es la conclusión a la que se llega cuando la prevención no existe, la vigilancia es omisa y la reparación es excepcional. La agencia encargada de vigilar –Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos– aparece señalada como ausente, tolerante con empresas que siguen operando sin corregir daños ni asumir responsabilidades.
Aquí emerge un dilema de fondo: ¿qué costo real tiene sostener una empresa pública paraestatal que, en los hechos, funciona como fuente constante de degradación ambiental? Defender la soberanía energética no puede equivaler a suspender la soberanía ambiental. El Estado no se fortalece cuando encubre o minimiza daños, se debilita. Y la transición energética no puede ser un discurso mientras el Golfo se mancha una y otra vez.
La carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la secretaria Alicia Bárcena plantea una ruta mínima de responsabilidad: protección efectiva de ecosistemas, reparación integral, sanciones, transparencia y cambio de modelo. No basta con promesas ni con peritajes que nunca concluyen en justicia ambiental. Cada derrame sin consecuencias institucionales consolida la idea de que el petróleo, en México, es más una maldición que una ventaja.
Persistir en este rumbo equivale a aceptar que el Golfo pague –otra vez– la factura de una industria que no previene, no repara y no rinde cuentas. Si el derrame obedece a degradación física de la infraestructura, urge una auditoría técnica independiente y un plan de sustitución con plazos verificables. Si es impericia operativa, deben rodar responsabilidades. Si es irresponsabilidad institucional, entonces el problema es político y exige decisiones de fondo. Lo que no es aceptable es seguir manchando el mar y llamarlo desarrollo.
