No se trata ya de un debate abstracto sobre migración. Se trata de un método de poder. La actuación de ICE en Estados Unidos —en la calle y en los centros de detención— se ha convertido en una pedagogía del miedo: produce trauma, inhibe vida comunitaria, rompe confianza pública y desordena la gobernabilidad urbana. Cuando el miedo se vuelve política, la frontera deja de ser línea y se vuelve ambiente.
El caso del veracruzano Heber Sánchez Domínguez, originario de Las Choapas, lo vuelve irrefutable. Heber murió el 14 de enero de 2026 bajo custodia de ICE, en el centro Robert A. Deyton (condado de Clayton, Georgia). La versión oficial señala que fue encontrado sin respuesta en su celda y que la causa está bajo investigación. La familia denuncia opacidad y exige justicia. México ha solicitado esclarecimiento. En términos institucionales, este triángulo
—custodia federal, muerte, investigación sin respuestas inmediatas— es el núcleo de la desconfianza: un Estado que retiene cuerpos y administra silencios.
El problema no es solo el hecho, sino lo que revela: una estructura donde la transparencia llega tarde y el daño llega primero. En ese esquema, la autoridad no solo detiene: disciplina. Y esa disciplina se ejerce con una fuerza que, en la vida real, no es quirúrgica. Es indiscriminada: golpea a migrantes, pero también a la ciudad entera. Los videos testimoniales que circulan —más allá de su valor jurídico caso por caso— documentan el patrón social: operativos intimidantes, capturas en espacios cotidianos, escenas de presión física, familias quebradas. Ahí el mensaje práctico no es “cumplimos la ley”, sino “podemos irrumpir”. Y cuando un país normaliza ese mensaje, normaliza un deterioro civilizatorio.
Ese deterioro ya se expresa en el rechazo social. Encuestas recientes registran desaprobación mayoritaria del desempeño de ICE, aun cuando el debate sobre abolirlo siga polarizado. Cuando una agencia que opera dentro del territorio pierde legitimidad en la percepción pública, el problema deja de ser migratorio y se vuelve político: erosión de autoridad moral, fractura comunitaria, y mayor riesgo de choques con autoridades locales.
De hecho, las fricciones con policías y gobiernos locales son parte del mismo cuadro. ICE no solo captura personas: altera el tejido de seguridad pública. Una comunidad aterrorizada denuncia menos, coopera menos, se repliega más. Eso debilita a la policía local y degrada la gobernabilidad. La paradoja es brutal: en nombre de la “seguridad”, se fabrica inseguridad social.
Y el argumento económico que pretende justificar el endurecimiento es una falsificación. Se promete que la represión migratoria “restituye” el empleo de la clase trabajadora estadounidense. En la práctica, tiende a ser inhibitoria: reduce oferta laboral en sectores completos, encarece costos, frena proyectos y distorsiona cadenas productivas donde el trabajo migrante no sustituye al nativo: lo complementa. La evidencia y análisis disponibles apuntan a impactos negativos o, en el mejor de los casos, a ausencia de beneficios netos claros para trabajadores nacidos en Estados Unidos. No se restituye empleo: se administra obediencia y se paga con productividad.
Para Veracruz —y para México— el caso de Heber no puede quedarse en indignación. Exige acción institucional mínima y verificable: acompañamiento consular pleno, información inmediata y completa a la familia, acceso a expedientes, claridad sobre protocolos médicos y de custodia, y exigencia de transparencia en la investigación. La muerte bajo custodia es uno de los pocos hechos que, en cualquier democracia, obliga a un estándar superior de rendición de cuentas. Si el Estado retiene a una persona, asume responsabilidad. Y si la respuesta es opacidad, la sospecha no es “política”: es racional.
Lo que está en juego no es solo un caso. Es el modelo de poder que lo vuelve posible. Un país que necesita aterrorizar para gobernar ya no gobierna: ocupa. Y cuando esa ocupación se ejerce sobre cuerpos vulnerables —migrantes, pobres, comunidades racializadas— la degradación termina derramándose sobre todos. La pedagogía del miedo, una vez instalada, siempre pide más.
Un país que necesita aterrorizar para gobernar ya no gobierna: ocupa. Y cuando ocupa a su propia gente, no recupera empleo, no recupera estabilidad, no recupera futuro: produce miedo y prepara ruina.
