ECP
La proliferación de videos en redes sociales que documentan abusos, detenciones arbitrarias y tensiones sociales asociadas a operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no es un fenómeno anecdótico ni una suma de excesos institucionales. Es la expresión visible de una mutación mucho más profunda del Estado estadounidense: el desplazamiento de la función integradora que tuvo desde su fundación por una lógica de control administrativo y coerción selectiva. No estamos ante un derrumbe del Estado como aparato, sino ante el fracaso de su capacidad histórica para integrar socialmente a amplios sectores de la población.
Durante décadas, el proyecto neoliberal estadounidense fue erosionando los mecanismos que hacían posible esa integración: empleo estable, salario suficiente, movilidad social, acceso real a vivienda, salud y educación. La promesa implícita de prosperidad compartida fue sustituida por endeudamiento, precariedad y competencia permanente entre individuos. El resultado no solo ha sido desigualdad económica, sino una severa descomposición del lazo social. Millones de personas quedaron formalmente dentro del sistema, pero material y simbólicamente fuera de él.
Cuando el Estado pierde capacidad de integración, no necesariamente pierde capacidad de control. Por el contrario, la refuerza. ICE debe leerse desde ahí: no como una simple policía migratoria, sino como un dispositivo de contención del conflicto social acumulado. Su función ya no es ordenar flujos migratorios, sino administrar el desorden producido por décadas de exclusión estructural. La migración se convierte así en el punto visible donde se descarga una crisis mucho más profunda.
Por eso es un error reducir el fenómeno a una anomalía ideológica o a un estilo de gobierno particular. Donald Trump no creó esta herramienta; la activó sin mediaciones, sin lenguaje institucional y sin pudor político. Lo que hizo fue exhibir con crudeza un recurso que el Estado ya tenía disponible. ICE no es el síntoma de un autoritarismo improvisado, sino la manifestación de un Estado que ha perdido capacidad de gobierno social y conserva, como último recurso, la coerción.
La paradoja es clara: Estados Unidos no vive un colapso institucional clásico. Sus agencias funcionan, su aparato coercitivo se expande, su capacidad de vigilancia se perfecciona. Lo que colapsa es la función integradora que daba sentido a ese aparato. El gobierno ya no gobierna integrando; gobierna gestionando tensiones, desplazando culpas y produciendo enemigos internos funcionales. Las acciones de ICE no se dirigen únicamente a biotipos latinoamericanos, también reprimen a anglosajones y afroamericanos,
En ese marco, la figura del migrante cumple una función política precisa. Permite concentrar el malestar social en un blanco identificable, culturalmente marcado y jurídicamente vulnerable. ICE opera entonces como policía del fracaso social acumulado: no resuelve las causas del desorden, lo administra; no reconstruye el pacto social, lo sustituye por disciplina y miedo.
ICE no es una desviación temporal ni una política fallida que pueda corregirse con ajustes administrativos. Es la forma que adopta el poder cuando ya no sabe integrar. Un Estado que necesita vigilar, detener y expulsar para sostener el orden cotidiano no está gobernando una sociedad: está administrando su descomposición. Estados Unidos no enfrenta una crisis migratoria; enfrenta el agotamiento de su modelo social. ICE es la policía de ese agotamiento, el síntoma de un país que ya no puede ofrecer futuro y por eso necesita imponer obediencia. Lo mejor que podría pasarle a los estadounidenses es un gobierno capaz de reeditar en New Deal que Franklin Delano Roosevelt, el poliomelítico que enseño a pararse y caminar a un país derrotado por la Gran Depresión. Un nuevo pacto social integrador que, fuera de la lógica neoliberal, rescate el empleo y restablezca el gasto público.
