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Que alcaldes electos por el Partido del Trabajo abandonen sus siglas para incorporarse a Morena no resulta particularmente extraño. El PT ha operado históricamente como una fuerza satélite, más cercana a la lógica de la alianza pragmática que a la construcción de un proyecto político autónomo. En esos casos, el traslado no rompe una identidad sólida ni implica una mutación ideológica: confirma una coincidencia previa y una alineación política que ya existía de facto.
Distinto y mucho más delicado es que ese mismo movimiento lo realicen alcaldes electos por el PAN y el PRI. Ahí la pregunta ya no es táctica, sino democrática: ¿se vale frente a quienes votaron por ellos? El voto ciudadano no se deposita solo en una persona, sino en una propuesta, una identidad política y una posición frente al poder. Cambiar de partido en el ejercicio del cargo puede ser legal, pero erosiona el pacto de representación y profundiza la desconfianza hacia la política como espacio de coherencia.
Este fenómeno abre además un riesgo histórico que no conviene minimizar: la reconstrucción, por acumulación de fuerza, de una lógica similar a la del PRI pre neoliberal. No se trata de ideología ni de programa, sino de estructura. Un partido dominante que absorbe cuadros de todas las procedencias, que convierte la afiliación en una condición de gobernabilidad y que termina siendo el único espacio viable para la carrera política. Eso no es pluralismo; es estabilidad vertical. Funciona en el corto plazo, pero empobrece la democracia en el mediano.
A la democracia mexicana no le sirve una oposición testimonial, reducida a la denuncia permanente o a la nostalgia del poder perdido. Una oposición que solo existe para perder no equilibra al sistema, lo debilita. Lo que el país necesita es una oposición verosímil, capaz de gobernar, de disputar con argumentos el rumbo del Estado y de contribuir, incluso desde la diferencia, a la construcción del proyecto nacional.
Pero evitar esa deriva no depende solo de exigir coherencia ideológica. Depende también de corregir una práctica estructural: garantizar que los alcaldes que llegan al poder por fuerzas distintas al partido gobernante no enfrenten la necesidad pragmática de “chaquetear” para asegurar los recursos indispensables para gobernar. Mientras el acceso a presupuesto, obra pública y programas esté condicionado por la alineación política, el cambio de camiseta seguirá siendo un mecanismo de supervivencia más que una traición moral.
Ese escenario no será posible mientras la oposición no sea capaz de desparasitarse a sí misma. Mientras siga arrastrando prácticas patrimonialistas, liderazgos desacreditados, acuerdos opacos y una cultura política que confunde oposición con obstrucción, seguirá siendo incapaz de generar lealtad, proyecto y futuro. Nadie permanece en un partido que no protege, no forma y no ofrece horizonte.
El problema de fondo no es que Morena sea fuerte. El problema es que enfrente tiene partidos incapaces de discutir seriamente el proyecto nacional, de acordar mínimos comunes y de ofrecer una alternativa que no sea simple negación del presente. Sin una oposición así, la fuerza se impone por inercia, no por deliberación, y la democracia se reduce a un sistema de adhesiones, no de opciones reales.
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