México, SA
Si bien Ernesto Zedillo es el responsable directo de utilizar ilegalmente (¡y en qué proporción!) recursos públicos para rescatar a los banqueros (y endosar a los mexicanos la brutal cuan interminable deuda derivada de tal decisión), para ello contó con el impúdico apoyo de dos partidos políticos y sus legisladores: Revolucionario Institucional y Acción Nacional, que de un plumazo legalizaron el atraco; es decir, son los mismos que hoy, 30 años después y de forma por demás cínica, exigen cancelar el pago de dicho débito (sin aportar una forma viable de hacerlo).
Tal exigencia –que desde diciembre pasado reitera– proviene de Rubén Moreira, coordinador de la banca tricolor en San Lázaro y uno de los tantos priístas impresentables que proponen reasignar los recursos públicos (que anualmente se canalizan para cubrir el citado adeudo) al sector salud, carreteras, infraestructura hidráulica y apoyo al campo, es decir, el mismo flujo de dinero de la nación que por la legalización del débito del rescate priístas y panistas cancelaron a esos sectores que hoy tanto les preocupan.
Aquel guadalupano día (12 de diciembre) de 1998, Zedillo instruyó a sus borregos en San Lázaro que sacaran adelante la citada legalización, pero el voto tricolor no resultaba suficiente para ello, de tal suerte que los siempre serviciales panistas se subieron al carro y con su participación fue posible materializar la orden de Don Neto: 326 votos a favor (226 del PRI, 99 del PAN y uno de Carolina O’Farrill Tapia, independiente) y 158 en contra (124 del PRD, seis del PT, cinco del PVEM, y, aunque parezca increíble, siete del tricolor, 11 del blanquiazul y cinco independientes).
Antes de esa fecha y de forma reiterada, Felipe Calderón, entonces presidente nacional del PAN, se comprometió a que su partido “no votará a favor de la propuesta oficial sobre el Fobaproa… Ni un centavo para el servicio de su deuda”, porque, decía, el problema bancario y financiero es producto de la ineptitud gubernamental que implica causar un daño irreversible a muchas generaciones (a su diestra, Vicente Fox, a la sazón gobernador de Guanajuato, y Diego Fernández de Cevallos). Y lo negó un día sí y el siguiente también.
Pero, como siempre, la palabra de Calderón no sirvió para nada: el PAN votó a favor (porque pretende reducir hasta la mitad el saldo, decía Borolas), y tras concretarla, el secretario general adjunto del blanquiazul, Germán Martínez Cázares (él mismo diputado en esa ocasión), celebró: Ha quedado cerrada la herida; terminó el debate; ya no podrán seguir lucrando con el Fobaproa; los panistas seguiremos cerrando las heridas de los problemas nacionales.
La crónica periodística de entonces reseñaba: “La conferencia de prensa de Felipe Calderón fue apresurada, pues al dirigente nacional del PAN le urgía presenciar la final del partido entre Necaxa y Chivas. Cinco de los seis gobernadores panistas en el país (Fox, Canales Clariond –él mismo beneficiario del Fobaproa–, Loyola, González Alcocer y Felipe González) se presentaron en la sede nacional del blanquiazul para apoyar al Comité Ejecutivo, a sus diputados y senadores en torno a las decisiones relacionadas al problema bancario y financiero en el país. Felipe Calderón se comprometió a dar una explicación pública a los mexicanos de por qué el PAN aprobó la iniciativa. La haré a fin de evitar consecuencias de tipo electoral y político para mi partido. Y los que hoy siguen pagando por esa barbaridad aún esperan esa explicación.
Pero entre los diputados priístas y panistas que entonces votaron por la afirmativa también aparecían futuros morenistas, siempre comprometidos, como los otrora tricolores Ignacio Mier Velazco y Miguel Ángel Navarro Quintero (hoy morenistas; el segundo ahora es gobernador de Nayarit) y el blanquiazul Javier Corral Jurado (fue gobernador panista de Chihuahua y después senador morenista).
(El inventario de legisladores que votaron por la legalización del Fobaproa puede consultarse en: https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/57/tabla2or1-18.php3 ).
Las rebanadas del pastel
Y sí, como se ha comentado en este espacio: el papá de Altagracia Gómez Sierra, cabeza visible del Consejo Asesor Empresarial de la presidenta Sheinbaum, es el magnate Raymundo Gómez Flores, un priísta-salinista que gozó de las mieles privatizadoras (Grupo Dina, Maíz Industrializado Conasupo, que en 1993 se convirtió en Grupo Minsa, y Banca Cremi)… y del Fobaproa (este último banco como ejemplo).
X: @cafevega
