Columna: Metempolítica
Luego de nuevas movilizaciones de trabajadores outsourceados del IMSS-Bienestar/Sesver por maltratos y adeudos por parte de la firma LEIH, una compañía de dudosa reputación dedicada a la prestación de servicios integrales de limpieza hospitalaria y creada para lucrar en un área fundamental de dicho sector gubernamental, el cual había sido mantenido en vulnerabilidad deliberadamente a través del coyotaje laboral; la gobernadora de Veracruz anunció la formulación de una empresa u oficina estatal que plantea una solución al intermediarismo abusivo de negocios que se llevan al año contratos de cientos de millones de pesos del erario a cambio de la colocación de empleados —aquellos que durante la histeria pandémica fueron loados como héroes por arriesgar su salud para mantener los servicios “esenciales” en operación— sin ningún tipo de prestaciones, esperanza de retiro ni consideraciones ante situaciones imprevistas. Muchas de tales son personas ya mayores, sin opciones mejores para hacer frente a la imperiosa necesidad de sobrevivir.
Es un gesto necesario y una postura encomiable por parte de Nahle García que se arrebate a la abyecta codicia la delineación de las condiciones laborales de miles de personas que honrosamente se esfuerzan limpiando recintos hospitalarios que, se sabe, no solo en pandemias son espacios donde los contagios de infecciones y demás perjuicios a la salud están literalmente a la orden del día, y ello, incluso sin proporcionarles los insumos para realizar su trabajo, ya que una constante en las protestas es la queja por que ellos mismos tengan que poner de sus bajos ingresos para adquirirlos y así cumplir a nombre de la empresa, aunque ni eso basta, porque una razón para los procesos administrativos contra LEIH y la rescisión de contratos fue el no garantizar esos “servicios integrales” contratados en asuntos tan elementales como el papel de baño.
No obstante, el sector salud no es el único donde estas prácticas tanto de explotación como de corrupción y tráfico de influencias han prevalecido, pues hay registro de conflictos de la misma índole en los poderes Legislativo y Judicial, así como en órganos autónomos, como la FGE, donde este medio publicó la denuncia anónima de trabajadores intimidados hasta la asfixia por la persona encargada, que siempre es la misma pese a que año con año cambia la empresa que los contrata, con nombres como Hobunde, Sistemas Múltiples de Seguridad Privada Thor o Insumos Cimsa (https://shorturl.at/6ozmn), siempre en detrimento de su certeza laboral y en connivencia con funcionarios.
En días pasados, se mofó el ignorantado comentocrático de la declaración de la presidenta, Claudia Sheinbaum, respecto a que el IMSS es el sistema de salud más importante del continente americano, con el corifeo que reclama por qué no estamos ya en un modelo igual al del socialismo escandinavo, prospecto provocadoramente señalado por el expresidente López Obrador. Las causas son innumerables, pero ya repetidas por largo rato, y se condensan en el saqueo y colapso fomentado por los cipayos neoliberales en beneficio de los capitales que ordenaron desde EE.UU. dejar esta importante función exclusivamente en manos privadas y al alcance de quien lo pueda costear, no como un derecho, tal como sucede en el vecino del norte. Es justamente lo opuesto: un sistema de salud público, integral y universal para la población hispanohablante más grande del mundo lo que se pretende echar a andar tras el prolongado abandono; es la magnitud de sus miras y desafíos lo que lo hace “el más importante”, siendo clave para su condición de gratuidad y universalidad la consolidación del esquema coordinado IMSS-Bienestar con la infraestructura de las entidades federativas.
De ahí que sea relevante también el avance de la determinación en nuestro estado de constituir una institución a la guisa del IPAX para dignificar las condiciones de trabajo —sobre todo en el sector público, donde el outsourcing debía ser desterrado—, abonar a la gobernabilidad y garantizar la limpieza de los hospitales veracruzanos incorporados a dicho sistema.
Sin duda, esta medida precisa de una planeación cuidadosa y su arranque supondrá una operación financiera importante, pero es siempre mejor que entregar el presupuesto a sujetos con influencias y sin escrúpulos, quienes niegan cualquier tipo de evolución laboral a todas estas personas. ¿Está mal la prestación de servicios? ¿Todo lo debería absorber el gobierno? No, pero es inaceptable —y no solo hipócritamente “porque la ganancia fue para otros”— que privados acaparen o usurpen áreas operativas de la administración pública a cambio de la semiesclavitud de miles y se estén llenando las bolsas de dinero, como la cuasi-fantasma LEIH y sus casi mil millones de pesos.
