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Trasvase del río Pánuco podría provocar problemas ambientales

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El Grupo Promotor de la Contraloría Social Autónoma del Agua de San Luis Potosí advirtió que el proyecto de trasvase del agua del río Pánuco hacia los estados del norte del país no es viable.

Lo anterior, luego de que el pasado 15 de septiembre el presidente Andrés Manuel López llamó a los gobernadores de Tamaulipas y Nuevo León a llegar a un acuerdo para extraer agua del río Pánuco.

La organización afirmó que los gobernadores no están facultados para decidir sobre un tema fundamental de derechos humanos y de la vida y que el trasvase de 45 metros cúbicos por segundo hacia los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Texas sería una medida inadecuada que, a cambio de favorecer intereses privados, generaría graves problemas ambientales y sociales en los territorios de la cuenca de origen.

“En la cuenca del Pánuco viven más de 5 millones de habitantes entre los cuales se encuentran comunidades y pueblos originarios que de acuerdo a los convenios internacionales, de los que nuestro país forma parte, forzosamente deben ser consultados”.

Agregan que habría efectos dañinos sobre las poblaciones, las actividades productivas, la fauna y la flora de la cuenca del Pánuco que traería consigo la disminución del caudal y de la humedad atmosférica a causa del pretendido trasvase.

Por ello afirman que no basta con que los mandatarios de las tres entidades (San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas) se pongan de acuerdo, o logren un consenso.

“El consenso debe ser producto de la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a las poblaciones afectadas y, particularmente a las comunidades indígenas, y, lógicamente las comunidades indígenas asentadas en la cuenca, entre las que destacan las comunidades náhuatl, tének y xi’oi (pames), han dado muestras suficientes de su oposición a este tipo de megaproyectos que afectan sus territorios y sus condiciones de vida”.

También advierten que el costoso trasvase de aguas se basa en el argumento de la escasez que sufren sus poblaciones y de la necesidad de incentivar la industria y las actividades agropecuarias, “pero olvidan que la escasez es producto del acaparamiento que sobre el líquido detenta una minoría de potentados y de la destrucción de los ecosistemas por ella provocada”.

Por ello exigieron a los gobiernos de los tres estados diseñar políticas socio-ambientales de largo aliento que eviten el acaparamiento y la contaminación, redistribuyan el agua con equidad y restauren los ecosistemas.

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