Cinco personas están a la espera de que les sea otorgado por parte de la Secretaría de Salud el tratamiento Profilaxis Pre Exposición (PrEP), el cual sirve para prevenir el VIH. En conferencia de prensa, Diego Zavaleta, integrante de la organización Vihve Veracruz, recordó que desde el 9 de febrero se interpusieron amparos para tener acceso al tratamiento que la dependencia estatal no les proporcionó por falta de disposición y se ganaron.
Explicó que el PrEP, es un tratamiento que consiste en la ingesta de un medicamento, donde cada frasco contiene 30 pastillas y cuyo valor rebasa los mil pesos; las pastillas deben tomarse durante un año. Con ello, detalló, se reduce de manera significativa (más de un 90 por ciento) la probabilidad de contraer el VIH después de una posible exposición.
“Esta solicitud no fue atendida en los tiempos correspondientes para poder acceder a él y por ello tuvimos la necesidad de promover el juicio de amparo (…) incluso las autoridades manifestaban en que no se encontraban vulnerados nuestros derechos humanos, el de acceso a la salud, puesto que ellos argumentaban que están en trámites y justificándose diciendo que era cuestión federal, por los recursos que existen”, explicó.
Si bien reconocieron que después de promover el amparo hubo acercamiento por parte de las autoridades para iniciar el protocolo de aplicación, aún no les ha sido otorgado pese a ganar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisó que hay prioridad para brindar el PrEP a integrantes de la comunidad LGBTI y a quienes se dedican al trabajo sexual, pero cualquier persona tiene derecho.
Los candidatos a recibir el tratamiento tienen que pasar por una serie de evaluaciones tanto socioeconomicas, psicológicas y médicas. Por último destacó que Veracruz se encuentra dentro de los primeros estados de la República con mayor número de casos de VIH y por tanto, deben priorizar las autoridades el otorgamiento de este tratamiento.
Limitan servicios de salud en clínicas de Cotaxtla
Usuarios de los servicios de salud en este municipio, señalaron que el centro de salud de Sesver en la cabecera municipal, se encuentra limitado en atención y medicamentos para los pacientes que buscan resolver sus padecimientos y urgencias médicas.
De acuerdo con la población local, existen cinco centros de salud en el municipio dependen de la Jurisdicción Sanitaria número VIII, con sede en el puerto de Veracruz, sin embargo, el más completo es el de la cabecera, y ahora presenta problemas de abasto de medicamentos y personal insuficiente para atender a la población de acuerdo a las necesidades.
Señalaron que el personal médico aplaza hasta 15 días o más, las citas para atender a los pacientes en medicina general y de seguimiento, a pesar de que en muchas ocasiones se trata de asuntos de salud urgentes y ponen trabas para expedir las referencias a los enfermos que requieren de servicios de especialidad en los hospitales de Boca del Río o Veracruz.
Los usuarios informaron que en el caso de las vacunas, con frecuencia se atrasan las aplicaciones por mal funcionamiento del refrigerador y deben traerlas del Centro de Salud de Mata Espino. Aunque el servicio de atención médica es de 8:00 a 15:00 horas, el personal médico solo atiende hasta las 13:00 horas máximo con cita, de lo contrario solo se atienen urgencias, pero si el paciente es sospechoso de covid-19 no recibe ningún tipo de atención.
Los servicios que deberían de prestar a la población son seguimiento al embarazo, hipertensión, diabetes y urgencias, sin embargo, los centros de salud en este municipio invariablemente se encuentran limitados por el propio personal o por cuestiones técnicas.
Población penitenciaria, vulnerable
De acuerdo con un estudio del “Observatorio de prisiones”, disponible en su sitio web (https://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/archivos/4949), los reos del país enfrentan la pandemia de covid en clara desventaja, sobre todo antes de la aparición de pruebas y vacunas.
Aún con los programas de vacunación contra el covid, “las personas privadas de la libertad en cárceles mexicanas se encuentran en una situación de mayor riesgo ante la emergencia sanitaria por covid-19. A más de dos años de la pandemia, las autoridades penitenciarias y corresponsables no han brindado información certera sobre la situación de las prisiones, ni información pública clara y suficiente sobre el número de contagios y muertes a causa de virus, las medidas de prevención aplicadas, los protocolos de actuación en caso de contagios o información sobre si se brindará atención médica a las personas privadas de la libertad”, precisa el documento.
A nivel federal “el gobierno presentó el Protocolo de actuación para la atención de covid 19 dentro de los Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos), un plan que presenta acciones para las etapas de prevención y atención a la emergencia, pero que únicamente contempla el aislamiento en caso de contagio y gravedad, y hace mención de traslados a hospitales para recibir atención médica, sin presentar las acciones concretas y detalladas al respecto. Además, de la falta de claridad de la existencia de protocolos a nivel local”.
Asimismo, “ante la falta de información y a partir del acompañamiento que Documenta −organización no gubernamental− brinda a familiares y acompañantes de personas privadas de la libertad, realizamos un monitoreo para identificar cuáles son las medidas de prevención que realmente se están implementando en las prisiones, qué acciones se están tomando en caso de contagios y si se está brindando información certera y útil, tanto a las personas privadas de la libertad como a sus familiares”.
En este tenor, “actualmente no existe información clara y completa sobre la actuación del Sistema Penitenciario Nacional ante la crisis sanitaria vivida por el covid-19. Sin embargo, se ha logrado obtener, a través de solicitudes de acceso a la información, datos relevantes sobre la situación de personas privadas de la libertad a casi dos años del inicio de la pandemia”.
Por ejemplo, en el tema de las vacunas, se señala que “de los 25 estados correspondientes se contabilizó un total de 130 mil 665 personas privadas de la libertad vacunadas antes del 31 de diciembre de 2021. Siendo el estado de Baja California el primero en reportar una vacunación total de su población penitenciaria. Encontrando un importante rezago en estados como Baja California Sur (11% de vacunas aplicadas) y Campeche (58% de vacunas aplicadas)”.
A nivel nacional, de la información puesta a disposición solamente se puede constatar la vacunación del 59.3% de las personas privadas de la libertad, es decir 130 mil 665 personas en total. La crisis sanitaria vivida por el covid-19 dentro de los centros penitenciarios de nuestro país trajo aparejada la revisión de importantes problemas de salud que las personas privadas de libertad han tenido que lidiar sin recursos médicos a su disposición”.
Algunas de las personas en situación de mayor riesgo derivado de la pandemia han sido las que cuentan con alguna comorbilidad asociada o subyacente. Actualmente en el sistema penitenciario nacional existen al menos 12 mil 40 personas con comorbilidades o situaciones que elevan su riesgo al ser expuestas ante el virus, tales como mujeres embarazadas, personas con diagnósticos crónicos de hipertensión, cáncer, enfermedades renales, diabetes, mayores de 60 años, entre otros.
En tanto la más reciente Encuesta Nacional de Población Penitenciaria en donde se evalúa el impacto del covid en condiciones carcelarias, se señala que, a julio del año pasado, “se hizo el levantamiento de esta encuesta (y) no solamente impactó dada su complejidad logística, sino que, además, dio a algunas de las interrogantes existentes en relación a la afectación que el covid trajo a la realidad penitenciaria en México”.
Contrario a lo reportado en otras fuentes, “la Encuesta Nacional de Población Penitenciaria reportó que el 31% de las personas privadas de la libertad fueron diagnosticadas con covid-19 dentro de los centros penitenciarios a nivel nacional. Lo anterior, equivaldría a alrededor de 68 mil personas privadas de la libertad infectadas”.
En el caso de mujeres la encuesta refirió que 444 de ellas, fueron diagnosticadas con la enfermedad. Esto equivale a que 1 de cada 25 mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios fueron afectadas por el virus. Lo anterior evidencia el nivel desproporcionado en el que el virus afectó a la población penitenciaria. Mientras que en la población en general solamente 3 de cada 100 personas fueron afectadas por el virus, en el caso de las personas privadas de la libertad por cada 100 personas 31 fueron infectadas.
