Veracruz ocupa el séptimo lugar nacional entre las entidades con más solicitudes de traslado de personas privadas de la libertad de prisiones estatales a federales, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Rodríguez Velásquez detalló que en los últimos cuatro años la entidad veracruzana requirió el traslado de 419 reclusos, ubicándose en la séptima posición nacional, en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Durante esta administración se han efectuado 8 mil 740 personas privadas de la libertad de centros estatales a federales”, dijo la funcionaria federal en la mañanera de este martes 3 de enero.
El Estado de México encabeza la lista, al requerir el traslado de mil 544 personas privadas de la libertad, seguido de Zacatecas, con mil 146 traslados y Nuevo León, con 986 traslados, en tercer lugar. También destacan Guanajuato con 717, Tamaulipas con 659, Ciudad de México con 614 y Sonora con 437 traslados, en la sexta posición.
Rodríguez Velásquez presentó la información detallada que muestra que en Veracruz durante 2019 se realizaron 241 traslados, en 2020 fueron 16, en 2021 un total de 80 y el año pasado únicamente 82. En el país, durante 2019, se efectuaron 2 mil 890 traslados de personas privadas de la libertad, en 2020 fueron 683, en 2021 mil 109 y en 2022 la cifra se disparó a 4 mil 58, “para mantener la gobernabilidad de los centros penitenciarios hemos atendido las solicitudes de traslado de 30 Gobiernos locales”.
En otro tema, Rodríguez Velázquez añadió que de julio de 2022 al 2 de enero de 2023 el Gobierno Federal ha otorgado 4 mil 4 mil 340 libertades y amnistías. En ese sentido, dijo que 4 mil 139 fueron preliberaciones de mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, indígenas y aquellos que cumplieron con los requisitos de ley. Así como 220 amnistías a mujeres, personas con discapacidad permanente o personas con pobreza.
“Mantenemos las acciones para tramitar libertades anticipadas y amnistías a personas que no han cometido delitos graves y que no pudieron pagar un abogado, un traductor o han enfrentado dificultades”, afirmó Rodríguez Velásquez.
