Desde su creación en 2017, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Veracruz ha atravesado momentos de polémica, por lo que será necesario poner atención a los perfiles que lo integran y el trabajo realizado, consideró la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana (UV), Petra Armenta.
Desde su creación, el sistema –integrado por el comité coordinador, el comité de participación ciudadana y la Secretaría Ejecutiva– fue blanco de señalamientos por los altos salarios de sus funcionarios con compensaciones de 75 mil pesos mensuales, y presuntos actos de corrupción.
Más allá de la polémica el sistema debe fortalecerse
El sistema ha sido constituido correctamente pero se debe poner más atención en los perfiles de quienes lo integran, para garantizar que no solo se tengan los conocimientos sino la voluntad de trabajar para erradicar la corrupción en la esfera pública.
“La idea es buena. Todo lo que tenga que transparentar el actuar de servidores públicos, sirve para el contrapeso y siempre es bienvenido, aunque los sistemas democráticos deben avanzar. Si lo ponemos en una escala del 1 al 10 le pondría un 7, porque la forma en la que se constituyó, aunque se tiene que cuidar mucho el perfil de las personas que van a ingresar, a medida que se ha ido construyendo ha sido un proceso con posturas encontradas”.
Para la investigadora, el sistema como tal ya de facto tiene una naturaleza sensible por la vigilancia en el actuar de los servidores públicos, por lo que si no se tiene la responsabilidad jurídica y política de querer hacer bien la cosas, “se deja en entredicho el quehacer y pareciera que hubiera la opacidad”.
“Hace falta mayor voluntad política para que se trabaje en coordinación de funciones porque pareciera que cada uno trabaja en islas. Hace falta mayor compromiso para conjuntar esfuerzos para que realmente vean la razón de ser de la institución y fomentar la cultura de la legalidad”.
En torno a la polémica entre los integrantes del sistema, dijo que más allá de lo que se ventila públicamente, se han interpuesto denuncias que se deben deshojar para determinar las sanciones que correspondan.
“No se puede señalar sin tener las pruebas, por eso se hacen investigaciones. Estoy segura que habrá sanción en caso de que se compruebe, porque todavía está en proceso. No se ha ocultado nada, se ha dado a conocer y está la investigación”.
Además, consideró que los resultados del sistema no se pueden medir “por sexenio” por lo que dijo es posible que tengan que pasar varios años para establecer los alcances de la política contra la corrupción que se han implementado.
¿Cuáles han sido sus polémicas?
En 2018, durante la gestión de Sergio Vázquez Jiménez como presidente del comité de participación ciudadana se informó que los despachos contables de su propiedad Corporativo Ceremm SA de CV y Consultoría Corporativa del Golfo SA de CV fueron denunciados por la administración del alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, por un posible daño patrimonial por más de 6 millones de pesos.
Esto dado que en el proceso de entrega-recepción encontraron contratos entregados a estos despachos para la ejecución de una auditoría técnica de obra pública y auditoría financiera, presupuestal y legal de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), que luego fueron considerados como improcedentes porque el organismo tenía lo necesario para realizar los trabajos. Además, en otra licitación las empresas participaron sin formar parte del registro público de proveedores.
Antes de concluir su cargo, la entonces contralora general Leslie Garibo Puga informó que inició ocho expedientes de investigación contra la secretaría ejecutiva del sistema por irregularidades en el manejo de los recursos ese año, luego de que se hizo un ajuste de 20 millones de pesos al presupuesto de 40 millones que tenía originalmente, como parte de las acciones de austeridad que se implementaron a la llegada del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Tras el ajuste se dio a conocer que había salarios altos para los funcionarios, así como quejas por el despido de 29 trabajadores a quienes no se liquidó y otros casos en los que los pagos eran entregados en efectivo para evitar otorgar seguridad social a los empleados.
En enero de ese año se informó sobre la renuncia de José Antonio Muñoz de Cote como parte del Comité de Participación Ciudadana, a pesar de que había sido elegido por cuatro años; en ese mismo periodo renunció Víctor Andrade, que formaba parte del Comité de Selección y la de Martín Quitano, que había sido elegido como secretario ejecutivo del Comité Coordinador del Sistema. Manifestó que su renuncia se debía a “motivos personales” y nombró a Noé Hernández Martínez como secretario encargado.
En marzo de ese año, integrantes del SEA denunciaron actos de corrupción al acusar a Hernández Martínez de repartirse junto con los demás integrantes del comité espacios en la plantilla laboral, jefaturas de departamento y unidades, para recomendar a familiares y amigos. Además se acusó a Sergio Vázquez de tener en la nómina a su secretario particular, René Adrián Ruiz Rodriguez, como analista especializado en el área jurídica, a pesar de no contar con el perfil y devengando un salario de 20 mil pesos mensuales.
Otra señalada es Mercedes Santoyo Domínguez, actual contralora general y ex consejera del comité, a quien acusaron de imponer a sus allegados en áreas que finalmente llevó a un rompimiento con la presidencia. La mala relación se evidenció posteriormente en 2020 durante su comparecencia ante los diputados locales, en la que aseguró que el trabajo del sistema es ineficiente.
“Valdría la pena hacer un poco de presión con los ciudadanos, no nada más es firmar convenios de colaboración, sino dar resultados a los veracruzanos. Considero que todos los sectores de la población deben empezar a exigir resultados con la intención de castigar y erradicar actos deshonestos en la administración pública”, dijo.
Junto con estas observaciones se señaló a Alma Delia Hernández, otra consejera, de colocar sin el perfil ni la capacidad a tres personas en la unidad jurídica del comité. Y de manera general, todos los integrantes fueron criticados por tener compensaciones de 75 mil pesos mensuales.
Tras la designación de Carlos Quiroz Sánchez como secretario ejecutivo del comité, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió una queja en su contra por hostigamiento laboral que negó.
A las polémicas antes señaladas, se suma que el pasado fue removido de su cargo el secretario ejecutivo Carlos Quiroz y tras ello aseguró que se debió a su negativa de pagar honorarios a Ojeda Jimeno por no haberlos devengado dado que presentó trabajos que pretendía cobrar a pesar de que no califican para ser tomados como insumos para la elaboración de políticas públicas anticorrupción.
Fiscalía Anticorrupción tampoco se salva de la polémica
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que tiene por objeto investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción de competencia del estado, no ha estado exenta de la crítica, al haber en su historial un ex fiscal especializado con una orden de aprehensión girada en su contra y señalado por hacer “tratos” con ex funcionarios duartistas.
A la llegada del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, no solo el fiscal general Jorge “N” fue removido del cargo y se giró orden de aprehensión en su contra, pues el entonces fiscal especializado en combate contra la corrupción, Marcos Even “N” y otros tres funcionarios, también enfrentan órdenes de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.
El mandamiento judicial se derivó de una acusación que presentó Francisco Zárate Aviña, ex chofer del ex fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, por su presunto secuestro como una forma en que las autoridades pudieran obtener información sobre la ubicación de su ex jefe.
Tras la remoción de Marcos Even “N” se dieron a conocer presuntos audios en los que él y abogados del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo “N”, señalado por el delito de desaparición forzada, supuestamente negociaba beneficios en una especie de acuerdo con el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Actualmente, la fiscalía a cargo de Clementina Salazar Cruz fue calificada como “deficiente” por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que analizó el andamiaje de 29 fiscalías especializadas en el país.
Lo anterior dado que no cuenta con reglamento interno o manual de procedimientos; protocolo de investigación o de protección a testigos. Tampoco cuenta con organigrama, protocolo de audiencias, o de operaciones encubiertas, ni siquiera cuenta con un protocolo de actuación en casos de corrupción dentro del organismo.
