Abogados de Veracruz deben integrar un nuevo frente común para echar abajo el delito contra la seguridad pública, que es un símil del de ultrajes a la autoridad, y que ahora se aplicó a la jueza Angélica Sánchez Hernández, detenida por liberar a Itiel N, conocido como Compa Playa.
Lo anterior porque ese nuevo ilícito se usa para fabricar delincuentes, opinó el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa, quien comentó que a la fecha más de 600 personas siguen encarceladas, pues aunque se logró la inconstitucionalidad de ultrajes a la autoridad, la Fiscalía creó nuevas carpetas para mantener a la gente en los penales.
El abogado comentó que a la fecha no conoce el número de personas que han sido detenidas por el delito contra la seguridad pública; sin embargo, es necesario que se puedan organizar los abogados para impulsar su derogación.
En 2018, la actual administración presentó un paquete reformas al código penal que aumentaba la penalidad por el de ultrajes a la autoridad y creaba el capítulo de ilícitos contra la seguridad pública, que tenía sanciones más severas.
Se presentaron acciones de inconstitucionalidad y se logró derogar el delito de ultrajes, pero se mantiene vigente el de contra la seguridad pública, según el artículo 371, que impone como sanción de le impondrán de siete a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 unidades de medida y actualización, a quien incurra en esta infracción.
Así, se imputará este ilícito a quien utilice instrumentos punzocortantes, punzo contundentes, contuso cortantes, contuso contundentes o de cualquier material que, por su resistencia o su fuerza, dañe o impida el paso de vehículos de seguridad pública municipal, estatal, federal o de las fuerzas armadas mexicanas.
Mundo Arriasa planteó que para promover nuevamente la inconstitucionalidad del delito se debe presentar una acción de inconstitucionalidad, una vez que se logre una sentencia.
Explicó que es el nuevo motivo por el que la Fiscalía detiene a los ciudadanos, incluso, fue la falta que le imputan a la jueza de Huatusco, Angélica Sánchez Hernández. Su familia denunció que a la experta en Derecho la obligaron a disparar una pistola para imputarle el ilícito.
