Orizaba, Ver.- Por la inseguridad y la falta de empleo, el trabajo sexual se convirtió en una de las actividades más riesgosas para quienes lo ofrecen; el crimen organizado, los cuerpos policiacos y otros servidores públicos son las amenazas que deben enfrentar quienes se dedican a esta labor, expuso Jairo Guarneros Sosa, integrante del colectivo Cihuatlahtolli.
Al referirse a la diputada federal trans María Clemente García y sobre su video que viralizó en redes, comentó sobre la exigencia de mejores condiciones laborales para quienes ejercen el trabajo sexual, “ella tiene toda la razón; las y los trabajadores sexuales no solo deben tener garantías sino el reconocimiento como actividad laboral. No sabemos si se logrará en esta Legislatura, pero de alcanzarse será por los mismos grupos organizados de trabajadoras sexuales y grupos que de siempre los han acompañado, como Cihuatlahtolli”.
Añadió que ve difícil que la clase política atiende esta demanda, pues de inicio el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya desconoció a su diputada.
Opinó que lo que debería hacerse no es regular dicho oficio, sino reconocerlo como actividad laboral; “hay antecedentes en la Ciudad de México y en Yucatán. En Ciudad de México se promovió un amparo para que la prostitución fuera reconocida cómo actividad laboral de acuerdo con el artículo 5° constitucional. Se obligó al gobierno a extenderles credenciales como trabajadoras por cuenta propia. El mismo camino siguió Yucatán; ese reconocimiento les permite dejar una especie de limbo legal, que muchos aprovechaban para abusar”.
Comentó que este reconocimiento haría que dueños de bares y centros nocturnos las contrataron como trabajadoras por cuenta propia, “tendrían seguro, podrían acceder a créditos para vivienda. Deben tener ese reconocimiento por parte de la autoridad y así evitar extorsiones.
–¿Qué tan riesgoso es el trabajo sexual?
–Por donde quiera que lo veas es así. Riesgoso porque son víctimas de abusos policiacos, de funcionarios e incluso, como ha sido denunciado por organizaciones como al Brigada Callejera, son víctimas de extorsiones; además de la imposibilidad de poderse asegurar ante el IMSS y con ello tener salud.
“Hay que reconocer que actualmente la prostitución se le consideran como delito y no como un trabajo. En realidad, se encuentran en condiciones sumamente difíciles y muchas de ellas son obligadas a la actividad, ya sea por sus condiciones económicas o en otros casos por las bandas que se dedican a la trata de blancas”, concluyó.
