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Llaman a diputados que fueron alcaldes a excusarse al revisar su cuenta pública

Agencias

Ex presidentes municipales o familiares cercanos que ahora son diputados locales revisarán la cuenta pública 2021, lo que podría ser un conflicto de interés al ser juez y parte para solventar el desvío, que tan solo de los años 2018 al 2020, sumó 172 millones de pesos en seis ayuntamientos. 

Ante la situación, la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Delia González Cobos pidió a los actuales diputados locales que fueron alcaldes en el periodo 2018-2021, excusarse cuando se dé a conocer el Informe Resultado de la Cuenta Pública 2021, para no ctear un conflicto de intereses. 

Pero, hasta el momento solo el coordinador de los diputados panistas, Othón Hernández Candanedo quien además es presidente de la comisión de vigilancia en el Congreso Local se ha pronunciado al respecto. El también ex alcalde de Misantla, cuyo daño patrimonial en la cuenta 2018-2021 suma 28.3 millones de pesos, dijo que se declarará impedido para conocer el asunto, aun cuando la ley no prevé algún impedimento. 

La ley de fiscalización en Veracruz no establece prohibición alguna para que los legisladores que ocuparon algún cargo de elección popular puedan tener información de primera mano sobre la revisión de los recursos gastados en su periodo de alcaldes.

Es la primera vez que la autoridad –la auditora general– pide públicamente a los ex alcaldes que se excusen de conocer, antes que el resto de los diputados, de los resultados de las auditorías en las que se puede observar el gasto del presupuesto público.

Al igual que el panista hay otros diputados locales que fueron alcaldes y ahora tendrán acceso a información privilegiada sobre la revisión del gasto público en su último año de administración. 

Es el caso de Luis Fernando Cervantes Cruz, ex alcalde de Pueblo Viejo; Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, de Agua Dulce y Citlalli Medellín, que administró Tamiahua.

Además, Lidia Irma Mezhua Campos podrá revisar la cuenta de su hermano el ex alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhya y Perla Eufemia Romero revisará la cuenta de su primo, Marcos Romero González , alcalde de Papantla. Ambas renunciaron al PRD para sumarse a Morena. 

Durante el proceso de fiscalización se genera información valiosa que los diputados van conociendo de primera mano, por lo que deben ser cuidadosos para evitar cualquier incidencia en los resultados, opinó en su momento, la titular del Orfis. 

En los tres años de administración 2018-2020, los alcaldes fueron observador por diversas irregularidades, por ejemplo Luis Fernando Cervantes Cruz, ex alcalde Pueblo Viejo recibió observaciones por 13 millones.

Otro alcalde de las filas de Morena, es Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, ex alcalde de Agua Dulce con daño de 10.4 millones de pesos. Lenin quien ahora es diputado local por el distrito de Coatzacoalcos acusó al Orfis de “inflar” el daño patrimonial.

La ahora diputada del Verde, Citlali Medellín Careaga fue alcaldesa de Tamiahua, y aunque en el 2018 solo recibió observaciones, sin daño patrimonial, para el 2019 y 2020 hay desfalco de 16 millones 704 mil pesos. La diputada local Lidia Mezhua Campos es hermana del exalcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua, quien fue observado por un total de 60 millones 511 mil 409 pesos.

La diputada Perla Eufemia Romero tendrá información de primera mano al revisar la cuenta de su primo, Marcos Romero, exalcalde de Papantla quien fue observado por 45 millones 975 mil 351 pesos en los años 2018 al 2020.

¿Cuándo se fiscalizará la cuenta pública 2020?

El 30 de abril vence el plazo para que los más de 300 entes fiscalizables, entre ellos los 212 municipios, entreguen la Cuenta Pública del año 2021. Esa información será auditada por los despachos contables, y a más tardar en la segunda quincena de septiembre se tendrá que entregar al Congreso local para que el informe se dictamine y se presente al pleno antes del 31 de octubre.

Cuando los funcionarios y exfuncionarios no logran justificar el correcto uso de los recursos se genera un daño patrimonial, que puede derivar en denuncias y se castiga con cárcel.

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