En lo que va del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha emitido 79 recomendaciones para dependencias de la administración pública estatal y organismos autónomos con señalamientos por violaciones a los derechos de las personas.
La cifra representa menos de la mitad de las recomendaciones emitidas de manera general en el 2020, año de inicio de la pandemia por covid-19, cuando la Comisión emitió 182. En el marco del Día de los Derechos Humanos, se revisó quiénes son las autoridades con más recomendaciones derivadas de violaciones a los derechos humanos y estos son los hallazgos.
De acuerdo con la web de la comisión, el órgano con más observaciones es la Fiscalía General de Veracruz (FGE) que concentra 27 de las 79 recomendaciones; la mayoría de estas relacionadas con violaciones a los derechos de la víctima o persona ofendida.
En segundo lugar aparece la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), encabezada por Zenyazen Escobar García, que presenta hasta 14 recomendaciones con violaciones al derecho a la seguridad política y social.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en manos del secretario Hugo Gutiérrez Maldonado, se ubica en la tercera posición entre las dependencias con mayor número de recomendaciones con 11. Los ciudadanos se quejan por violaciones a sus derechos a la seguridad jurídica, a la intimidad y la integridad personal; a las libertades e incluso violaciones a derechos de la niñez.
En el caso de los Servicios de Salud de Veracruz (Sever), a cargo de Roberto Ramos Alor, se han emitido cinco recomendaciones, entre las que se incluyen casos de negligencia médica como la cometida en un hospital de Teocelo, en donde una mujer fue intervenida quirúrgicamente y le dejaron una pinza dentro, que le provocó severos daños a su salud.
Cabe destacar que los ayuntamientos en su conjunto acumulan 17 de las recomendaciones emitidas por la CEDH y es el de Xalapa el que más tiene con tres; le sigue Veracruz y Tuxpan con dos cada uno.
Otras autoridades con recomendaciones con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, así como la Universidad Veracruzana.
