Orizaba, Ver.- La Fiscalía General del Estado (FGE) no pudo sobreponerse a la calificación negativa que la organización no gubernamental “Impunidad Cero” le otorgó, y cerró el año como una de las peor evaluadas del país, con base en su desempeño, quedando debajo únicamente de Nayarit y Oaxaca.
En su informe del mes pasado, esta agrupación y con base en la edición más reciente del “Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2021”, se confirma que la FGE no cerró bien el año; este ejercicio, “evalúa cómo están funcionando las instituciones de procuración de justicia en el país, mediante el análisis de indicadores de estructura, operación y resultado. En esta edición, debido a la necesidad de crear mecanismos digitales de acceso a la justicia, se agregó un nuevo indicador de transformación digital”.
Esta investigación “revela que es fundamental continuar mejorando las procuradurías y fiscalías ya que representan el cuello de botella de nuestro sistema de justicia. Asimismo, un análisis de los procesos de selección de fiscales y procuradores, muestra la necesidad de mejorar estos procesos e incluir la participación de consejos ciudadanos en la elección. Esto con el objetivo de contar con fiscalías verdaderamente autónomas de cualquier poder y que sus titulares no puedan ser removidos cada cambio de gobierno”.
Los principales resultados destacan que por vez primera la fiscalía general del estado de Nuevo León, se convierte en la mejor evaluada, seguida de Yucatán, Chihuahua, Guanajuato y Sonora. En contraste, en los estados de Puebla, Morelos, Veracruz, Nayarit y Oaxaca, se convierten en las entidades en donde sus respectivas fiscalías son de las peor evaluadas en el año que recién terminó.
Parte de los encargados de este análisis opinaron de las condiciones en las que se encuentra la procuración de justicia en estos estados, por ejemplo, Monserrat López, analista de datos dijo que se incorporó el “Índice de transformación digital” por la necesidad de crear nuevos mecanismos de denuncia para las personas y que estas instituciones cuenten con sistemas informáticos eficientes que permitan darles seguimiento a los casos internamente.
Por su parte, Leslie Jiménez, Coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero, comentó que también se tienen que tomar en cuenta las características de cada estado, como las necesidades territoriales y de la población; Miguel Gómez, Coordinador de Comunicación, agregó que es fundamental que las fiscalías cuenten con verdadera autonomía tanto del poder legislativo como del ejecutivo, para poder realizar investigaciones eficientes y que se involucre cada vez más organismos ciudadanos en los procesos de selección de las y los titulares.
“La procuración de justicia en México ha avanzado en diversos aspectos, pero sigue estancada en una efectividad que sigue sin poder dar respuesta a la demanda de la población de reducir los altos niveles de impunidad. Es fundamental que los gobiernos estatales y las fiscalías y procuradurías emprendan una verdadera lucha contra la impunidad que vaya más allá de la retórica y que dé respuestas reales para mejorar el acceso a la justicia de las personas”.
Otros datos revelan que la confianza en las instituciones de procuración de justicia aumentó 12.4%; al mismo tiempo, la tasa de fiscales y agentes del Ministerio Público por 100 mil habitantes aumentó en 23% de 2016 a 2020, lo que derivó en una disminución de 12.6% en la carga de trabajo.
