La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad que promovieron partidos políticos y legisladores contra el primer paquete del llamado “Plan B” de la reforma electoral.
De acuerdo con lo que publica Reforma, cinco demandas fueron turnadas al ministro Alberto Pérez Dayán.
Se trata de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forman parte del primer paquete de reformas en materia electoral aprobadas en diciembre de 2022 por el Congreso.
La Suprema Corte admitió las acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas por el PRD, PAN y PRI, con los expedientes 29, 30 y 31, respectivamente.
Asimismo, se admitieron las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los diputados de la coalición Va por México, conformada por PAN, PRI y PRD, con el expediente 37.
Dicha acción de inconstitucionalidad de los senadores tiene las firmas de los partidos de la coalición, más los de Movimiento Ciudadano (MC) y el Grupo Plural.
En los recursos promovidos, los partidos y legisladores acusan que se viola la equidad en los procesos electorales, al permitir que los servidores públicos puedan pronunciarse a favor de algún candidato.
También, argumentaron en contra del fast track con que Morena avaló la reforma, al señalar que luego de que se rechazó la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, inmediatamente se presentaron en la Cámara de Diputados reformas a leyes secundarias, de las que no hubo tiempo de conocer ni discutir previo a su aprobación.
Siguen pendientes de turnar las controversias constitucionales que fueron presentadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y un ayuntamiento.
