Orizaba, Ver.- El conflicto entre abogados de la zona y el Poder Judicial amenaza con escalar aún más, de hecho, desde este lunes los litigantes endurecerán las movilizaciones para impedir que el Juzgado Sexto de lo Familiar con sede en Orizaba se traslade a Nogales. “El Poder Judicial se niega a construir una Ciudad Judicial, como se ofreció desde hace siete años. Los terrenos ya están donados pero no se quiere realizar”, refiere la abogada Elizabeth Orozco Núñez.
El siguiente paso que los abogados de la zona darán será este lunes, cuando cierren con candado las instalaciones del Juzgado Sexto de lo Familiar y con ello evitar que se inicie su traslado hacia la ciudad de Nogales como lo ordenó la Judicatura, pero además los litigantes emplazan a que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEV) negocie con ellos y buscar soluciones a este problema, sin embargo, desde ya advierten que no van a permitir que el juzgado sea reubicado.
“No es posible que Poder Judicial diga que no tiene dinero si hablamos de terrenos en donación, como el caso del terreno de Nogales, pero además ya tienen donados terrenos en Orizaba para la construcción de la Ciudad Judicial desde hace más de siete años y solo han puesto excusas para no construirlo”.
El proyecto de llevarse el juzgado a Nogales, agrega, no es viable, porque además al Tribunal Superior de Justicia “ni siquiera le costó el terreno en donde se trasladará el Juzgado de lo Familiar, es una donación que hace el ayuntamiento de Nogales. Hace unos días el Tribunal emitió una circular con la cual se legitima el cambio de domicilio del Juzgado Sexto para ser llevado a las instalaciones del microrregional, que igual de un plumazo fue desaparecido”.
El argumento de ahorro de la renta en las actuales instalaciones, señalan, es inconsistente, “y por ello es la molestia, hasta hoy no hemos podido entablar un diálogo con la presidenta de la Judicatura del estado, magistrada Isabel Inés Romero Cruz, ya hemos presentado amparos y no sirve de nada, por eso decidimos que este lunes vamos a cerrar las instalaciones del juzgado”.
“Hemos interpuesto amparos pero el tema radica en que es la autoridad quien juzga a la misma autoridad, hay un gran perjuicio con esta arbitrariedad que se toma. La autoridad pretexta que no tiene dinero y esos cambios los hacen de forma sorpresiva. La situación económica por la que está atravesando el Poder Judicial del Estado no debe afectar el precepto constitucional que está establecido en el artículo 17, mismo que mandata que la justicia sea pronta y expedita, razón por la cual [es improcedente] cambiar de lugar un juzgado que por años se han encontrado en la cabecera distrital judicial como lo es Orizaba, lugar intermedio para todos los municipios que lo contemplan y que además es sede de la gran mayoría de oficinas o despachos de los abogados que litigan en el Juzgado Sexto; removerlo implicaría trasladarse 8 kilómetros fuera del sitio donde actualmente se encuentra”.
