Nunca se pensó que la candidatura a la gubernatura de Javier Duarte de Ochoa habría de resultar tan importante para la vida social y política de Veracruz. Nació con una hilera de conflictos y denuncias prelectorales, no obstante, el duartismo arrancó en medio de una parafernalia mediática que aseguraba que la joven promesa priísta inauguraría una nueva época para Veracruz. Los medios alineados con los gobiernos en turno festinaban las declaraciones del exsecretario de Finanzas y Planeación y diputado federal por Córdoba. Publicaban asidua y cotidianamente en medios electrónicos y convencionales afines al PRI sus deseos profundos por un lado, y por otro, los que se les recomendaba desde el centro de poder:
“El casi Gobernador”, “Javier Duarte de Ochoa sería el mejor candidato por el PRI”, “Javier Duarte en la preferencia electoral 2010”; “Javier Duarte el que más se mencionó como mejor perfil”; “El mejor candidato del PRI”; “Ya viene Duarte, viene lo mejor”; “¡Yo estoy listo! Así se declaró el diputado federal; estoy listo para lo que venga; estoy listo para dar continuidad”. “Javier Duarte sería un buen candidato a la gubernatura”; “En Veracruz no podemos retroceder no ahora con esta explosión de trabajo con esta inercia positiva generada”. Todo lo anterior en referencia a que él daría continuidad a la gestión de su mentor Fidel Herrera.
Pasadas las elecciones y tras obtener un claro triunfo sobre una oposición acomodaticia y convenenciera, pronto esa algarabía dio paso a la construcción de toda una nueva y desdichada realidad.
Quien había sido presentado por Enrique Peña Nieto como ejemplo de la renovación política del PRI, creó un nuevo constructo social en el que se consolidó el antecedente de la guerra calderonista contra el narcotráfico y sus atroces consecuencias.
El duartismo introdujo en el lenguaje y el imaginario cotidiano de los veracruzanos, el horror del exterminio masivo, de los cuerpos descoyuntados, de las decapitaciones de las que nadie parecía estar a salvo; apareció una nueva forma de interrelación entre autoridades y ciudadanía en la que mediaba en miedo y la desconfianza, y la persecución y acoso de periodistas que no se alineaban a sus deseos pues entre 2010 y 2016, fueron asesinados 17 comunicadores y otros tres permanecen desaparecidos; a él se le puede agradecer la difusión de que una varilla metálica introducida profundamente en la tierra puede convertirse en el mejor instrumento para detectar fosas clandestinas, así como a la proliferación de organizaciones civiles en busca de familiares muertos y desaparecidos.
A Duarte de Ochoa se le debe atribuir además la proliferación de las fosas clandestinas, las desapariciones masivas, las narcoejecuciones, la ominosa presencia de comandancias, comandantes y elementos policíacos de a pie convertidos en fieles servidores del crimen organizado, la ominosa y atemorizante sombra de la desconfianza y el recelo contra las autoridades; la simulación cómplice de las instituciones judiciales que tapaban evidencias, ocultaban cadáveres y protegían a su policía exterminadora…
Y nada de eso se encuentra en los expedientes que lo tienen en la cárcel mediante una condena de nueve años y una multa cercana a los 60 mil pesos, lo que determina la asimétrica actuación de las instancias judiciales.
Esas disonancias del estado de Derecho, son las que han permitido que hasta apenas hace un año comenzó una indagatoria por la desaparición forzada de un policía estatal en 2016. Duarte se encuentra en la cárcel por asociación delictuosa y recursos de procedencia ilícita. Y por ello fue extraditado. De lo anterior nada.
Cómo se configura una desaparición forzada de acuerdo con la ONU
De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
En otras palabras, la desaparición forzada es un arresto, secuestro, detención, o cualquier otra forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por servidoras o servidores públicos, o bien, por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado. La desaparición forzada se caracteriza por la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad y por la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, evitando así que la víctima pueda ser protegida por las leyes.
Así pues, y ante la posibilidad de que pudiera recobrar su libertad, el exgobernador de Veracruz recibió otra orden de aprehensión por la acusación del delito de desaparición forzada de personas. La Fiscalía General de Justicia de Veracruz consiguió el auto de aprehensión y por estar recluido en Reclusorio Preventivo Varonil Norte, el exmandatario fue notificado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) capitalina, para dar así cumplimiento a la orden. El escueto comunicado de la PDI refirió que “De acuerdo con la investigación, esta persona está posiblemente relacionada con el hallazgo de los restos de varias personas en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz”. Duarte se negó a recibir tal documento; sin embargo, es investigado desde hace un año por la desaparición forzada de un policía estatal en 2016. Una vez que se enteraron de dicha orden de aprehensión, los colectivos de desaparecidos en Veracruz afirmaron que “nunca debe salir de prisión”, luego de ser imputado por desaparición forzada, como cabeza de un esquema de complicidades que las fuerzas policiacas y de procuración de justicia tuvieron con células criminales, al que se adjudican más de 3 mil 600 desapariciones en el sexenio 2010-2016, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado.
Y es que el nuevo señalamiento en contra del exgobernador remite a la desaparición forzada de 19 personas, de quienes –por hallazgos hechos en enero de 2016– se supo que fueron inhumadas en la barranca La Aurora, en un predio muy cercano a la Academia de Policía de El Lencero, muy próximo a Xalapa y en las inmediaciones del aeropuerto El Lencero
Según refirió el semanario Proceso, Lucy Díaz, integrante del Colectivo Solecito, hay la expectativa de que Duarte pueda ser condenado por “desaparición forzada” y nunca volver a la calle. “Quisiéramos poder confiar en el sistema judicial mexicano, pero, quienes sufrimos el reinado absoluto de la impunidad, tenemos siempre algo de escepticismo”.
Para Díaz, mientras no se juzgue y sentencie a Duarte por las desapariciones forzadas en Veracruz no habrá ni atisbo de justicia. “Es imprescindible que tanto fiscalía como el sistema judicial ya den resultados inequívocos de que Duarte será condenado y que nunca más volverá”.
Quien busca a su hijo, Guillermo Lagunes, desde junio de 2013, también aseguró que el colectivo tiene bastante evidencia de la culpabilidad del exgobernador. “Basta con la voluntad y la integridad de quienes les toca hacer justicia para lograr su condena”, agrega.
En información de la corresponsalía de dicho semanario, Carlos Saldaña, del colectivo Familias Enlaces Xalapa, señala en entrevista telefónica que Duarte, junto con quien fue su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, debería pagar con “cárcel por siempre” por su colusión con grupos criminales, los que mantuvieron total impunidad en el sexenio 2010-2016 e, incluso, en el gobierno de Fidel Herrera.
Desde hace 10 años Saldaña busca a sus hijos Jesús Estrada y Karla Nallely. Reprocha el dolor causado a miles de familias en la entidad, quienes vivieron en carne propia este fenómeno criminal de la desaparición de personas. Insiste en la reclusión de por vida para el exgobernador: “No se puede cuantificar con una pena endeble el dolor que nos ha causado; que le caiga todo el peso de la ley”.
En el caso de Duarte, será la primera vez que enfrente la justicia por desaparición forzada. El cumplimiento del mandato judicial se realizó el lunes 6 en el área jurídica del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde actualmente se encuentra recluido el exservidor público, por peculado y lavado.
No obstante el reclamo de los familiares de desaparecidos, el juez segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de concedió una suspensión provisional contra alguna orden de aprehensión, comparecencia, localización o presentación ante una autoridad que lo reclame, toda vez que pudiera obtener el beneficio de una libertad anticipada, por cumplir más del 50% de su sentencia que fue de 9 años de cárcel pues se cumpliría a mediados del próximo mes de abril, pues fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala y extraditado a nuestro país ese mismo año.
Aconsejado por sus abogados y gracias al desaforado activismo del entonces gobernador Yunes Linares quien se enfocó desde su campaña en evidenciar el enriquecimiento ilícito de JDO, se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras negociar un procedimiento abreviado para obtener una pena menor, en tanto la posibilidad de que fuese enjuiciado por desaparición forzada, quedó al margen del procedimiento jurídico en su contra.
De tal forma y según los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, un juez podrá conceder el beneficio de la libertad condicionada, bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico, con el uso de un brazalete, si cumple con 8 requisitos, entre los que se encuentra el que haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos.
El juicio de amparo, interpuesto por la defensa legal de Javier Duarte será para evitar que el exgobernador, en caso de que obtenga una libertad condicionada, no sea detenido al salir del Reclusorio Norte.
