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Es tiempo de ciudadanos

Marco Vinicio Saldaña Valero


El debate sale a la calle y encuentra un espacio de expresión en diferentes círculos que, por sí mismos, son exitosos. No hay tema que tenga limitaciones, y en ocasiones el poder político, a pesar de su comunicólogo, que es el primer mandatario, resulta lúcido, claro, pero también transmite confusión y contradicción.

La exacerbada legitimidad que lo acompaña, producto de sostener un diálogo donde identifica a la oligarquía como la que ha envenenado la vida pública y convertido al aparato del gobierno y a los partidos tradicionales en sus operadores políticos, ha sido el eje central del discurso.

La pobreza, la desigualdad, la impunidad y el abuso del poder, que no encontraban cauce en sus expresiones emocionales, han llegado a millones de hogares a través de las narrativas que explican, convencen y organizan desde lo que el propio mandatario explica como la internalizada conciencia, que colectiviza.

Las mediaciones han sido trastocadas y a esa narrativa, que desde los distintos círculos del poder se transmite a través de sus coberturas en los medios de comunicación y redes sociales, los ciudadanos la filtran por un paño que deja sangre, perversión, mentira, vulgaridad, criminalidad, mezquindad, ligereza, banalidad, indiferencia, a pesar de esa investidura que busca ganar respeto y aceptación, pero olvida que aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Sin embargo, esa actitud es una apuesta a que las cosas sigan igual y ocurra un descalabro; estemos frente a un Estado Fallido que les dé la razón al fondo golpista que les motiva, pero como ni una ni otra cosa va a pasar, es importante que el grupo gobernante y su partido tomen conciencia de la necesidad de avanzar a pasos firmes por el camino de la democratización del país.

Desmantelar las instituciones antidemocráticas, las relaciones sociales de sumisión, de explotación, de dominación, de impunidad y abuso del poder no encontrarán respaldo sin cambios jurídicos de vastas dimensiones. No estoy convencido de que el 2 de junio los casi 36 millones hayan salido a votar por la reforma judicial, aunque sí lo estoy de que el escenario resultante fue capitalizado con una administración de las tareas políticas que debe impulsarse, manteniendo un nivel de debate capaz de movilizar a la sociedad.

El grupo gobernante y su partido deben estar conscientes de que, después del tono propagandístico que mantienen sus iniciativas, la arquitectura jurídica que se quiere construir requiere de cuidar el menor detalle, por lo que ese fundamento debe prevalecer en la práctica y técnica legislativa, de manera que haya una articulación de las reformas sin dejar huecos y atender procesos que aseguren la eficiencia y eficacia, así como una nueva legalidad democrática, participativa y con bienestar.

La posibilidad de las tentaciones autoritarias no es un acto de voluntad cantada, consciente, planeada. El poder es un deseo que se eterniza y, al perder temporalidad, pierde piso y, además, adopta una actitud devoradora creciente. El antídoto es la transparencia y rendición de cuentas, como también que puntualmente el ejercicio del poder se haga con una actitud crítica y autocrítica, despersonalizada, así como el saldo de daños, porque eso establece instituciones fuertes y administraciones con prácticas transparentes y servicios de calidad, mimetizados en los servidores públicos que cobijen los derechos de los ciudadanos y los consoliden en el papel frente a las instituciones.

Es menester un sistema de gobernabilidad donde el gobierno esté al frente y sea el de las iniciativas, innovación e impulso de los instrumentos y políticas públicas que promuevan el nuevo régimen, que privilegie, por su independencia, la soberanía nacional y el crecimiento sostenido en todas las regiones del país y las ventajas comparativas sin más marginalidad y atraso.

Agua, energía, salud, educación, elecciones, deportes, papel de los medios de comunicación, presupuesto, modelo de acumulación de capital, rectoría del Estado, instituciones públicas, funcionarios, seguridad, medio ambiente, campo, crecimiento económico, relaciones comerciales, soberanía, poder adquisitivo, pobreza, concentración de la riqueza, etc., deben ser muchos de los asuntos que se deben discutir y atender con reformas donde la ciudadanía participe en los asuntos públicos mediante mecanismos que garanticen sus decisiones.

En realidad, los contrapesos son pocos si es que le damos valor a esa palabra en el sentido de que se ocupan para hacer prevalecer el bien común y el Estado de Derecho; el bien común como un fin que se persigue con el propósito de robustecer la gobernanza y gobernabilidad democrática.

La oposición debe ser contenida en tanto tenga esa actitud, así como también desde el legislativo y los estados y municipios donde gobierna y acudan a mantener el estado de corrupción, como pasa también con algunos gobiernos morenistas. Los ciudadanos deben defender las conquistas y mantener a raya la corrupción e impunidad. La corrupción y la impunidad somos todos mientras estemos esperando a que Dios los señale con el dedo flamígero.

La sociedad, las organizaciones, no solamente empresariales, y la izquierda en particular deben emprender toda una campaña para debatir cada una de las reformas que se discuten y proponer otras que son coadyuvantes, que nos permitan una Constitución con nuevo rostro. Debemos ser intransigentes al cuidar nuestra soberanía.

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