La Representación Comercial de Estados Unidos atribuyó a la política arancelaria de Donald Trump la creación de 25 mil empleos manufactureros en 2026. Un informe distinto, citado por Fox News, documentó lo contrario: el sector perdió 75 mil empleos en el mismo periodo. Esa contradicción, expuesta ayer en este espacio, no fue un tropiezo de comunicación. Fue el patrón revelándose.
El patrón tiene historial. En 2002, George W. Bush impuso aranceles de hasta 30 por ciento al acero para proteger la manufactura nacional; los retiró un año después ante las represalias de la Organización Mundial de Comercio y la Unión Europea, sin que el empleo del sector se recuperara. En 2009, Barack Obama gravó con 35 por ciento las llantas chinas y sumó cláusulas de compra nacional a su paquete de estímulo; China respondió con aranceles a autopartes y pollo estadounidenses, y el resultado neto fue marginal. En 2018, durante el primer mandato de Trump, los aranceles al acero y al aluminio provocaron la renuncia de su propio asesor económico, Gary Cohn, y el déficit comercial manufacturero terminó el periodo más alto que al inicio. Tres administraciones, tres discursos de reindustrialización, tres resultados que desmintieron el discurso.
El mismo patrón aparece en el terreno de la soberanía. El caso Zambada mostró a la DEA y al FBI ejecutar una entrega no autorizada por ningún canal de cooperación formal entre gobiernos, mientras Washington sostenía que actuaba dentro del marco legal existente.
El caso Rocha Moya confirma el patrón desde el ángulo inverso: ante la solicitud de detención provisional contra el gobernador con licencia de Sinaloa y otros nueve señalados, México no entregó a nadie. Gerardo Mérida Sánchez, extitular de Seguridad Pública del estado, tramitó amparo para evitar su extradición; los demás siguen en el país, varios sin fincamiento formal de extradición. Días después, Washington anunció que no renovaría el T-MEC en su forma actual y activó un mecanismo de revisión anual hasta 2036. La propia Representación Comercial de Estados Unidos atribuyó esa decisión a desacuerdos sobre el funcionamiento del tratado y déficits comerciales pendientes de revisión, no al caso Rocha Moya. El vínculo entre ambos hechos solo circula por vía de funcionarios anónimos citados en columnas de opinión, sin documento oficial que lo sostenga –el mismo tipo de fuente sin sustento que este espacio cuestionó ayer del otro lado de la frontera.
No hay entonces dos políticas distintas de Estados Unidos hacia México, una comercial y otra de seguridad. Hay una sola conducta, aplicada con la misma consistencia en ambos terrenos: anunciar un propósito y ejecutar otro. La diferencia entre el expediente comercial y el expediente de soberanía es únicamente el papel donde se documenta la distancia entre lo que Washington dice y lo que Washington hace.
Esa conducta repetida tiene un origen común. Toda la arquitectura de presión sobre México –aranceles, amenazas de intervención contra cárteles, entregas extrajudiciales– parte de calcular que Estados Unidos conserva toda la palanca en la relación bilateral. Los propios datos desmienten ese cálculo: el instrumento arancelario golpea primero a las manufactureras estadounidenses de mayor valor agregado, y cuando México se niega a entregar a un gobernador señalado, la respuesta no vuelve al canal judicial que Washington dice defender, sino que presiona por otra vía –comercial– sin poder sostener públicamente ese vínculo con evidencia propia. Washington sobreestimó cuánta fuerza tiene realmente sobre un socio del que depende más de lo que reconoce en público, y esa sobreestimación explica por qué cada instrumento diseñado para coaccionar termina golpeando también a quien lo diseñó.
México puede seguir documentando esa distancia con sus propios datos, en sus propias cifras de exportación y en sus propios expedientes judiciales, sin esperar a que sea Washington quien la reconozca.
