Constellation Brands pagó 1.1 millones de pesos para derribar árboles y abrir paso a una línea eléctrica. Dicho así, suena a “trámite”, a “costo operativo”, a nota administrativa sin drama. Pero lo que describe el resolutivo es otra cosa: un ecosistema intervenido, una franja de territorio fragmentada y un Estado que, otra vez, confunde compensación con licencia moral.
La línea de transmisión —12.59 kilómetros— conectará Manlio Fabio Altamirano con la planta cervecera. Una obra presentada como infraestructura necesaria, casi inevitable, como si la energía fuera un argumento que disuelve todo lo demás. El expediente habla de 36.46 hectáreas de afectación total y 6.44 hectáreas sujetas a cambio de uso de suelo forestal, repartidas en 19 polígonos con selva baja caducifolia (vegetación secundaria). Y luego viene el dato que desnuda la escala real: 7 mil 455 individuos arbóreos removidos, de 27 especies maderables, con un volumen estimado de 362.07 m³.
¿Y cuánto vale esa destrucción? Para el aparato administrativo, el equivalente se resolvió con un depósito al Fondo Forestal Mexicano por un millón 171 mil 342 pesos. Eso es lo que la burocracia llama “compensación ambiental”. Es decir: el daño se contabiliza, se monetiza y se “equilibra” en papel.
Pero Veracruz no vive en el papel. Veracruz vive en el territorio: en el suelo, en el agua, en los corredores biológicos, en la erosión, en la pérdida de sombra y de humedad, en la fragmentación que vuelve más frágil lo que ya venía presionado. Aquí está el corazón del problema: la compensación no es restauración. Un depósito no es un bosque. Un pago no recompone por sí solo la continuidad ecológica que una línea abre como cuchillo. La selva baja caducifolia es un sistema vivo: su valor no está en el número aislado de árboles, sino en su red.
Cuando se “autoriza” la remoción de miles de individuos, lo que se autoriza en realidad es la degradación acumulativa: menos captura de agua, menos regulación de temperatura, más vulnerabilidad al fuego, más pérdida de hábitat, más presión sobre flora y fauna, más riesgo de que el proyecto se convierta en precedente para otros. Y entonces hay que decirlo sin rodeos: esto es el modelo extractivo con barniz de legalidad. No el extractivismo clásico del siglo XX, sino el del siglo XXI: corporaciones que llegan con inversiones gigantescas, proyectos “estratégicos”, promesas de empleo, y un Estado que les abre la puerta con trámites bien sellados.
No es que la ley no exista: existe. El problema es que muchas veces se usa como mecanismo de normalización del daño. La modalidad del trámite integra evaluación y estudio técnico justificativo, y exige acreditar el depósito de compensación. Pero el cumplimiento documental no garantiza la verdad ambiental: garantiza, cuando mucho, que el expediente está completo. ¿Quién verifica, en campo, que la compensación se traduzca en restauración real? ¿Quién vigila los tiempos? ¿Quién hace público el seguimiento con indicadores claros: supervivencia de reforestación, restauración efectiva, mantenimiento, conectividad? ¿Quién responde si la “compensación” se vuelve un ritual presupuestal y no un resultado? Si el Estado no responde esas preguntas con transparencia, la sociedad tiene razón al sospechar que el depósito es, en los hechos, un precio para destruir. Y hay una dimensión que Veracruz no puede permitir que se esconda: la suma de impactos.
La planta cervecera no es sólo “una fábrica”. Es agua, energía, expansión urbana, logística, suelo, residuos, presión social y transformación territorial. La línea eléctrica es parte de esa cadena. Cuando el Estado evalúa por pedazos —una línea aquí, un permiso allá—, se pierde el cuadro completo: el efecto acumulativo sobre una región que ya carga con estrés hídrico, deterioro ambiental y déficit histórico de ordenamiento. No se trata de “estar contra la inversión”. Se trata de estar contra el chantaje: “o aceptas el daño o te quedas sin desarrollo”.
El desarrollo real no arrasa su propia base natural. El desarrollo serio no se compra con depósitos que suenan grandes en titulares y pequeños frente a miles de árboles y hectáreas afectadas. El desarrollo digno no convierte la naturaleza en variable sacrificable.
La exigencia es simple y urgente: 1. Transparencia total del resolutivo, sus polígonos, especies afectadas, ubicación y plan de compensación, con seguimiento público periódico. 2. Auditoría independiente en campo sobre el cumplimiento de mitigación y restauración, no sólo papeleo. 3. Evaluación acumulativa del conjunto del proyecto (agua-energía-suelo-expansión) y no fragmentada en trámites sueltos. 4. Condiciones estrictas: si no hay restauración verificable, debe haber sanción y corrección obligatoria.
Porque si 7 mil 455 árboles terminan siendo apenas “un requisito más” y 1.1 millones de pesos la cifra que absuelve, entonces el mensaje del Estado es brutal: en Veracruz, la selva puede perder… siempre que alguien pague. Y eso no es legalidad ambiental. Eso es impunidad con recibo.
