ECP
La muerte de los mexicanos Ismael Ayala-Uribe, Óscar Rascón Duarte, Jaime García y de un joven de 32 años en centros o redadas del ICE no son accidentes ni anomalías del sistema: son el reflejo de un modo de pensar, de una forma estructural de ejercer el poder. Detrás del lenguaje burocrático —“falleció bajo custodia”, “presentaba condiciones médicas previas”, “se investiga”— se oculta el mismo patrón que ha marcado las páginas más oscuras del siglo XX: la deshumanización sistemática del otro.
Estados Unidos, que durante décadas se ha presentado como faro moral del “mundo libre”, ha caído en una paradoja grotesca: mientras promueve guerras en nombre de la democracia y la “defensa de los derechos humanos”, en su propio territorio encierra, maltrata y deja morir a hombres y mujeres cuyo único delito fue cruzar una línea imaginaria en busca de trabajo y dignidad. Esa ceguera moral no es un accidente administrativo, sino la consecuencia de una ideología que roza el fascismo —no necesariamente con camisas pardas o brazaletes, sino con uniformes de la migra, centros de detención y políticas que segregan y desprecian al débil.
El caso de Ismael Ayala-Uribe, de 39 años, ilustra esa crueldad estructural. Detenido en agosto y muerto un mes después por falta de atención médica en el Centro de Procesamiento de Adelanto, California, padecía hipertensión y un absceso que jamás fue atendido. Su muerte fue registrada como “bajo investigación”. La de Óscar Rascón Duarte, de 58 años, enfermo de Alzheimer y cáncer de riñón, siguió la misma ruta del abandono. Y la de Jaime García, trabajador agrícola que murió por las heridas sufridas durante una redada del ICE en California, revela el verdadero rostro del poder migratorio estadounidense: una fuerza que caza, detiene y, si es necesario, destruye.
Estas muertes no son casos aislados. Son el resultado de un sistema que ha hecho de la persecución una política de Estado. Las cárceles migratorias se han convertido en laboratorios del autoritarismo contemporáneo: comida en mal estado, hacinamiento, negación de atención médica, abuso psicológico, separación de familias y opacidad institucional. La línea que separa el cumplimiento de la ley del ejercicio fascistoide de la violencia ya se ha borrado.
Mientras tanto, las autoridades estadounidenses hablan de “seguridad nacional” y “defensa de la frontera” como si el enemigo fuese un ejército invasor y no seres humanos empujados por la desigualdad. El discurso del miedo —el mismo que en los años treinta justificó la exclusión, el racismo y la deportación masiva de minorías— ha regresado en forma de populismo xenófobo. Hoy, el migrante es el nuevo chivo expiatorio, y el muro, el fetiche de un país que en el mejor de los casos teme enfrentarse a su propia decadencia moral, y en el peor ni siquiera se apercibe de su declive.
Pero más allá del horror inmediato, lo verdaderamente trágico es la ceguera estructural: la incapacidad de ver que la única solución real al fenómeno migratorio no es más represión, sino inversión y desarrollo regional. Mientras Washington gasta miles de millones en patrullas, drones y muros, América Latina continúa expulsando a sus jóvenes por falta de oportunidades. Si una fracción de ese presupuesto se destinara a fortalecer economías locales, a crear empleos dignos y a impulsar una industrialización sustentable, el flujo migratorio disminuiría naturalmente.
México ha comenzado a demostrarlo. A través de programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, el Estado ha retomado su papel como motor del desarrollo, apostando por la productividad rural y la inclusión laboral. El modelo no es perfecto, pero apunta en la dirección contraria a la lógica estadounidense: donde el norte ve muros, el sur propone raíces; donde la Casa Blanca multiplica cárceles, México intenta sembrar árboles.
El viejo paradigma neoliberal —el del libre comercio sin justicia social— ha agotado su legitimidad, si es que tuvo alguna. La riqueza concentrada en el norte no puede sostenerse eternamente sobre el empobrecimiento del sur. Los migrantes muertos en los centros del ICE no son solo víctimas de un sistema judicial corrupto: son las bajas civiles de una economía global que niega la reciprocidad y el derecho a vivir con dignidad.
Esas muertes, silenciosas y burocráticamente descritas, revelan una fractura ética profunda. Un país que se autoproclama defensor de los derechos humanos no puede seguir ignorando que su política migratoria reproduce los mecanismos del fascismo: despoja al individuo de identidad, lo reduce a número, lo encierra, lo priva de atención y lo abandona hasta morir. El fascismo moderno no necesita desfiles ni discursos incendiarios; basta con un formulario, una celda y un expediente sellado.
Si Estados Unidos quiere recuperar algo de su autoridad moral, deberá mirar hacia el sur no como a un enemigo, sino como a un aliado estratégico. Invertir en la región, fortalecer las economías vecinas, promover la educación y el trabajo digno no son gestos de caridad, sino actos de inteligencia histórica. Ningún muro podrá detener a quien huye del hambre, pero sí podría quedarse quien encuentre en su tierra una vida posible.
Los nombres de Ismael Ayala-Uribe, Óscar Rascón Duarte, Jaime García y tantos otros no deberían perderse entre las estadísticas. Son el espejo donde se refleja la hipocresía de un sistema que habla de derechos humanos mientras niega el más elemental de todos: el derecho a vivir. En su memoria debería trazarse una frontera distinta, no de acero ni de odio, sino de responsabilidad compartida y visión de futuro.
Y, al mirar más allá del continente, el espejo se amplía: el mismo país que deja morir migrantes en el desierto financia sin pudor el exterminio del pueblo gazatí. El Estado que criminaliza al trabajador latino sostiene con armas, veto diplomático y dinero público la matanza de miles de civiles palestinos. No hay diferencia moral entre la jaula de un centro de detención y las ruinas de un hospital bombardeado: en ambos casos, la vida del otro carece de valor.
Ese es el nuevo rostro del fascismo: global, tecnológico, revestido de legalidad y marketing humanitario. Un fascismo que no grita, sino administra; que no exalta la sangre, sino la geopolítica.
Cuando un país legitima la opresión en nombre de la seguridad —ya sea en la frontera sur o en Gaza—, deja de ser una democracia y se convierte en un imperio que mata para conservar su imagen.
Y esa imagen, cada día más nítida, ya no proyecta libertad, sino miedo. Hace mucho que los EEUU dejaron de ser un sistema democrático; hoy son el nuevo rostro del fascismo e Israel su encarnación más vil.
*Es Cosa Pública
