Por Alejandro León
En días recientes se hizo público un pronunciamiento de 80 integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) de la Universidad Veracruzana en contra de la prórroga ilegal e ilegítima del rector saliente, Martín Gerardo Aguilar Sánchez.
Se trata de un bloque con alta representatividad, transversalidad de disciplinas y prestigio académico que, por su peso, desmiente la pretendida “calma” y el supuesto “control” institucional que la Rectoría saliente ha intentado proyectar en este inicio de ciclo escolar —por ejemplo, en el fastuoso acto de bienvenida con claros toques propagandísticos y de campaña, realizado el pasado viernes en el Nido del Halcón con recursos públicos de la UV—.
Las y los firmantes abarcan todos los niveles del SNII, desde Candidaturas hasta Eméritos. Tres cuartas partes corresponden a Nivel I y Nivel II, es decir, investigadoras e investigadores activos y productivos. Casi el 38 % son integrantes consolidados en los Niveles II, III y Emérito, lo que aporta legitimidad y solidez.
La pluralidad disciplinaria es amplia: ciencias biomédicas, sociales, humanidades, artes y áreas aplicadas. En otras palabras, no es un gesto aislado, sino un frente académico transversal y crítico.
Conviene subrayar que entre las cuatro funciones sustantivas de la Universidad Veracruzana se encuentra la investigación. Y el motor del cumplimiento de esa función recae precisamente en las y los académicos que cumplen con los perfiles y méritos para pertenecer al SNII.
Por ello, este pronunciamiento proviene de un sector clave para la vida universitaria: el corazón científico de la UV, cuya voz no puede minimizarse.
Lo decisivo, sin embargo, no es la aritmética, sino el significado político de firmar. Expresarse públicamente tiene costos: riesgos de represalias administrativas, de exclusión en redes de poder, de obstáculos en las trayectorias académicas.
El silencio, en este contexto, no es consentimiento —como intenta hacer ver propagandísticamente la Rectoría saliente—, sino el resultado de los costos impuestos por la institución.
La investigación empírica lo confirma. Por ejemplo, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC, por sus siglas en inglés) ha documentado que solo entre 6 y 13 % de las personas que sufren acoso en el trabajo presentan una queja formal, mientras que la mayoría calla por miedo a represalias y desconfianza en los mecanismos institucionales (EEOC, 2016).
Evidencia adicional se observó tras las revelaciones de Snowden, cuando un estudio mostró una caída cercana al 20 % en visitas a artículos “sensibles” en Wikipedia, prueba del chilling effect que la vigilancia genera en la búsqueda de información y en la expresión pública (Penney, 2016).
Y desde hace décadas, la teoría de la espiral del silencio advierte que, cuando una opinión se percibe como costosa, las personas disminuyen su disposición a expresarla.
En este marco, que 80 investigadoras e investigadores con trayectoria y reconocimiento hayan asumido los costos de firmar públicamente su rechazo a la prórroga del rector saliente y su exigencia de emitir la convocatoria para abrir el debido proceso de designación de la persona titular de la Rectoría tiene gran peso y significancia.
Es el signo de que existe un desacuerdo mucho más amplio, aunque subrepresentado como consecuencia de la vigilancia y la coerción. Cada firma visible es la punta de un iceberg de inconformidad.
Este pronunciamiento se suma, además, a las múltiples expresiones de rechazo a la prórroga que ya se han manifestado en distintos sectores de la comunidad universitaria: ex rectores, ex integrantes de la Junta de Gobierno, estudiantes, docentes y personal administrativo y de apoyo.
Como universitarias y universitarios sabemos que es fundamental exponer los mecanismos bajo los cuales la institución mantiene el control, la vigilancia y el miedo: esa es la condición para desarticularlos.
También sabemos que el antídoto contra la desesperanza y el miedo no es la resignación, sino la movilización y las redes de apoyo.
Las y los 80 firmantes integrantes del SNII muestran el camino: es posible y necesario rechazar enfáticamente la ilegalidad y la ilegitimidad incluso en condiciones institucionalmente adversas.
Ahora toca multiplicar esas voces. Porque la defensa de la universidad pública no se hace desde el silencio, sino desde la acción colectiva de sus redes.
