Por Arturo Méndez
El 12 de enero de 2026, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral el documento titulado “Propuesta de mejora en materia electoral”, el cual reúne 241 iniciativas orientadas a ajustar diversos componentes del sistema electoral mexicano. Este documento se inscribe en un contexto de amplio debate sobre el diseño institucional de la democracia electoral y constituye una aportación relevante desde la perspectiva de la autoridad encargada de organizar, conducir y arbitrar los procesos electorales.
El punto de partida del Instituto es una valoración general del modelo vigente. En este sentido, sostiene que, aun con limitaciones y áreas susceptibles de mejora, dicho modelo ha permitido la celebración de elecciones competitivas, la alternancia en el poder y la consolidación de la pluralidad política. A partir de esta evaluación, el INE orienta su propuesta hacia una serie de ajustes correctivos y adaptativos, sustentados en la experiencia operativa acumulada, los aprendizajes institucionales y los problemas detectados en la aplicación práctica de la normativa electoral. El objetivo declarado es preservar los equilibrios fundamentales del sistema electoral, fortalecer la coherencia del marco jurídico y contribuir a la confianza ciudadana en el voto como mecanismo central de expresión de la voluntad popular.
Dado el volumen y la complejidad del conjunto de propuestas, resulta inviable abordarlas de manera exhaustiva en este análisis. Por ello, se opta por concentrarse en tres ejes temáticos que han ocupado un lugar central en la discusión pública: la autonomía y capacidad institucional del INE; el papel de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE); y el funcionamiento de los partidos políticos y el sistema de representación en el Congreso.
Autonomía y Capacidad Institucional del INE
En el contexto del debate sobre la reforma electoral, el INE presenta propuestas dirigidas a preservar la estructura y el funcionamiento del sistema electoral mexicano. El eje central de su postura es la defensa de la autonomía constitucional y legal, considerando que la imparcialidad de la autoridad electoral es una condición indispensable para la democracia, y no una concesión.
En materia financiera, el Instituto propone establecer un presupuesto dinámico, vinculado a indicadores objetivos como el PIB y las necesidades propias de los procesos electorales, con el fin de asegurar la cobertura de sus funciones esenciales y evitar presiones que puedan afectar su independencia.
Respecto a la integración del Consejo General, el INE sostiene que su legitimidad depende de la experiencia, independencia y solvencia técnica de sus integrantes. Por ello, recomienda fortalecer los mecanismos de designación mediante criterios profesionales y mantener las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, reconociendo su papel fundamental en la planeación, capacitación, fiscalización, padrón electoral y organización de los comicios.
En cuanto a la estructura operativa, el Instituto destaca que la fortaleza del sistema electoral reside en el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). La profesionalización del personal es clave para garantizar la solvencia técnica y la neutralidad institucional en el desarrollo de los procesos electorales.
Finalmente, el INE defiende la conservación de su estructura territorial desconcentrada, presente en todas las entidades federativas y distritos electorales, lo que permite una operación eficiente y atención directa a la ciudadanía. Propone reforzar el carácter profesional de las juntas locales y distritales, asegurando que estén integradas por personal del SPEN con estabilidad, mérito y formación continua, como garantía de neutralidad y eficacia institucional.
El papel de los OPLE.
El Instituto reconoce que los OPLE no forman un bloque homogéneo, sino que reflejan diferencias propias de las realidades políticas, administrativas y sociales de cada entidad federativa. Por ello, propone elevar a rango constitucional el marco normativo que los regula, con el fin de brindarles mayor certeza jurídica y estabilidad institucional.
Ante las propuestas que sugieren la absorción de los OPLE por el INE mediante la creación de un órgano nacional único, el Instituto defiende su permanencia y fortalecimiento. Para lograrlo, plantea delimitar con mayor precisión las competencias entre el INE y los OPLE, evitando duplicidades, reforzando el federalismo electoral y garantizando su autonomía en aspectos como la organización de los procesos electorales locales, la capacitación y la generación de resultados.
Asimismo, se propone homologar los estándares técnicos y normativos mediante mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional, sin recurrir a esquemas centralizados ni imponer modelos uniformes que desconozcan las particularidades locales.
Finalmente, el documento enfatiza la importancia de fortalecer las capacidades institucionales y presupuestales de los OPLE, asegurando recursos suficientes, la profesionalización del personal y la estabilidad laboral de los cuadros técnicos, como condiciones indispensables para garantizar procesos electorales confiables y eficientes.
El funcionamiento de los partidos políticos y el sistema de representación en el Congreso.
El funcionamiento de los partidos políticos.
El INE propone fortalecer la democracia interna de los partidos mediante reglas claras de transparencia, alternancia y rendición de cuentas. Asimismo, defiende el financiamiento público como pilar de la equidad electoral e integra ajustes para garantizar la paridad de género. Con el fin de vigilar el uso de los recursos, plantea reforzar la fiscalización —especialmente ante el reto del entorno digital— promoviendo la interoperabilidad entre autoridades y el uso de herramientas tecnológicas especializadas.
El sistema de representación en el Congreso.
El INE recomienda preservar y perfeccionar el modelo de elección por representación proporcional. Argumenta que eliminarlo, o sustituirlo por el principio de primera minoría, incrementaría la sobrerrepresentación de las fuerzas mayoritarias, marginando a los partidos minoritarios y debilitando el pluralismo.
Para responder a la crítica de que las cúpulas partidistas, y no los ciudadanos, deciden las candidaturas plurinominales, el Instituto propone considerar la proporcionalidad pura con listas abiertas. En este modelo: 1) Los partidos presentan sus listas de candidaturas; 2) Los electores eligen directamente a quién otorgan su voto dentro de dichas listas; y 3) Cada partido recibe un porcentaje de escaños estrictamente equivalente a su porcentaje de votación.
Complementariamente, el Instituto sugiere revisar el límite constitucional de sobrerrepresentación, con el objetivo de reducir el margen permitido y asegurar una correlación más justa entre los votos obtenidos y los escaños asignados en el Congreso. Esta medida busca fortalecer la representatividad democrática y preservar la equidad en la contienda.
En suma, la propuesta del INE enriquece el debate sobre la reforma electoral al aportar elementos sustantivos y bien fundamentados. Su defensa del sistema vigente se centra en asegurar las condiciones materiales, humanas y financieras indispensables para el desarrollo óptimo de los procesos electorales, así como en garantizar elecciones competitivas, equitativas y confiables, que otorguen certeza y credibilidad a la ciudadanía respecto al desarrollo y los resultados de los comicios.
