Bajo el disfraz del “orden migratorio”, Estados Unidos ha construido una de las maquinarias más perfeccionadas de terror institucional del siglo XXI. Su nombre burocrático es ICE, pero su alma es la del fascismo reencarnado en uniforme federal.
Estados Unidos presume ser la cuna de la libertad, pero persigue con saña a quienes buscan lo mismo que sus antepasados: un lugar donde vivir sin hambre ni miedo. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) opera hoy como una policía política de carácter racial. Sus redadas en vecindarios latinos, sus prisiones privadas para migrantes y sus deportaciones masivas no son accidentes administrativos: son la expresión institucional del miedo blanco a perder su supremacía.
La ICE nació tras el 11 de septiembre de 2001, con el pretexto de la seguridad nacional. Pero rápidamente se convirtió en una fuerza paramilitar que patrulla el interior del país cazando cuerpos morenos. Sus agentes irrumpen en hogares de madrugada, separan familias, detienen a trabajadores sin antecedentes y los encierran en centros de detención donde los abusos —físicos, sexuales y psicológicos— son parte del protocolo. Muchos de esos centros son operados por empresas privadas que lucran con cada día de encierro. Es el negocio del miedo: una industria de miles de millones de dólares sostenida por el dolor humano.
La estética del terror se ha normalizado. Camionetas negras sin identificación, chalecos antibalas, hombres con armas automáticas y rostros cubiertos. La operación tiene nombre técnico: “remoción”. En realidad, es una cacería racial. La ICE actúa con impunidad en escuelas, hospitales, estaciones de autobús. Entra sin orden judicial, interroga sin abogado y se lleva a quien “parezca” extranjero. No se trata de aplicar la ley, sino de reafirmar quién manda en el país del racismo fundacional.
La violencia no termina en la detención. Quienes son deportados regresan a países que no conocen, dejando hijos ciudadanos estadounidenses atrás. Otros mueren en el desierto al intentar volver. Las cifras oficiales son solo la superficie: más de 300 000 deportaciones anuales, decenas de muertes bajo custodia, miles de niños separados. En el primer semestre de 2025, se mencionó que unos 4 300 veracruzanos habían sido retornados desde Estados Unidos a su estado natal, un dato que ilustra el alcance humano del drama migratorio y la brutalidad de las deportaciones. Detrás de cada número hay una historia truncada, un sueño aplastado, una vida desaparecida por una maquinaria que funciona como un campo de concentración burocrático.
El fascismo estadounidense no necesita discursos incendiarios ni marchas con antorchas: se disfraza de ley, de política migratoria, de “protección nacional”. Trump solo explicitó lo que ya estaba en el ADN del sistema. Biden prometió humanizarlo, pero los vuelos de deportación siguen, las jaulas no han desaparecido y las comunidades latinas continúan viviendo bajo el pánico cotidiano de que su vida pueda terminar con un golpe en la puerta.
El racismo estructural en EE. UU. no es una reliquia del pasado; es un sistema operativo. Y la ICE es su brazo armado. Las imágenes de agentes arrastrando a madres con niños en brazos, de adolescentes encadenados, de cuerpos amontonados en celdas de aluminio, no son fallas del sistema: son su esencia. Lo que se castiga no es el “ingreso ilegal”, sino el color de la piel, el acento, la pobreza.
La deportación es la versión moderna del exilio forzado, una forma de limpieza étnica que busca mantener intacta la ficción de una nación blanca y ordenada. En su lógica, todo extranjero es sospechoso, y todo sospechoso merece ser eliminado. Ese es el rostro verdadero del fascismo contemporáneo: un Estado que se dice democrático mientras convierte la diferencia en delito.
Pero frente a esta maquinaria del miedo, México y Veracruz no pueden permanecer indiferentes. Las políticas públicas —tanto de México como de EE. UU.— deben considerar este fenómeno para formular estrategias de protección real de los derechos humanos de los migrantes veracruzanos. No se trata solo de atender retornos o gestionar papeles: se trata de defender la dignidad y la vida de quienes fueron expulsados por la pobreza y atrapados por la represión. Para Veracruz, la migración representa tanto una salida de población como un retorno que demanda atención —reinserción laboral, apoyo psicológico, servicios básicos, reconocimiento de doble nacionalidad—. Es un deber ético y político construir un sistema de amparo que proteja a nuestra gente allá y acá, frente a un mundo cada vez más hostil con los pobres y los distintos.
El silencio cómplice de la mayoría blanca, el voto que legitima esas políticas y la indiferencia mediática son parte del engranaje. ICE no solo deporta cuerpos: también deporta conciencias. Cada redada impune, cada niño que llora tras una reja, es una advertencia a los demás: “esto les pasará si no se someten”.
La historia enseña que el fascismo siempre comienza con la deshumanización del otro. Hoy ese “otro” es latino, asiático, africano, pobre. Mañana puede ser cualquiera que no encaje en la norma del poder.
Estados Unidos no es víctima de una crisis migratoria: es autor de una crisis moral. Su frontera no está en el Río Bravo, sino en su propio espejo. Mientras la ICE siga operando como un ejército de ocupación interna y México no asuma la defensa de su pueblo migrante, la democracia norteamericana y nuestra soberanía humanista serán apenas marcas publicitarias sobre un campo de sombras.
