En los últimos 20 años el cultivo de papa ha crecido sin control en las comunidades de la parte alta de la cuenca del río La Antigua. A primera vista parece una actividad agrícola menor, una alternativa económica para familias que viven en zonas frías y de difícil acceso. Pero detrás de ese paisaje inocente se está gestando una de las amenazas ambientales más graves y menos atendidas de Veracruz. Y todo ocurre, como siempre, a la sombra de la indiferencia institucional.
Estudios recientes revelan que en estos cultivos se utilizan 28 plaguicidas altamente peligrosos, varios de ellos prohibidos en países con estándares básicos de protección ambiental. No se usan de manera controlada ni con supervisión técnica; se aplican en exceso, sin equipo de seguridad, sin regulación y sin conciencia del daño que provocan. Lo peor es que estos campos no están aislados: se encuentran en la zona alta de la cuenca, justo donde nacen los manantiales que abastecen de agua a Xalapa, Coatepec, Emiliano Zapata, Banderilla y buena parte de la región del bosque de niebla.
Es decir: los venenos aplicados en esas laderas terminan en los pozos, los ríos y los sistemas de agua que beben cientos de miles de personas. No se trata de un riesgo hipotético ni de un problema técnico: es una amenaza directa a la salud pública. Los plaguicidas altamente peligrosos están asociados al cáncer, alteraciones endocrinas, daños neurológicos, malformaciones en recién nacidos, intoxicaciones agudas y la muerte de fauna y polinizadores. Su presencia en zonas de recarga hídrica es una combinación letal: ahí no hay filtros, no hay amortiguadores, no hay barreras naturales.
Todo lo que se aplica en los cultivos llega tarde o temprano al agua. El daño a los bosques de niebla añade otra capa de gravedad. Este ecosistema –uno de los más frágiles y valiosos del país– regula la humedad, captura agua de la atmósfera, mantiene la biodiversidad y protege el suelo.
Pero los desmontes para sembrar papa lo están fragmentando. Cada hectárea talada es una herida para todo el sistema hidrológico. Cada tala es una disminución del caudal futuro.
¿Y las autoridades? Ausentes. El gobierno estatal mira hacia otro lado. La Secretaría de Medio Ambiente repite diagnósticos sin acciones. La Comisión Nacional del Agua no interviene donde debería ser urgente. La Secretaría de Agricultura se limita a registrar cultivos. Nadie quiere tocar el tema porque implica ir contra intereses locales, cacicazgos agrarios y una economía informal que se alimenta de subsidios, clientelas y viejas inercias.
Nadie quiere levantar la piedra donde se esconden las responsabilidades. Pero la realidad es contundente: Veracruz está permitiendo que se envenenen sus fuentes de agua. No es exageración. No es metáfora. Es un crimen ecológico en marcha. Y si no se actúa ahora, cuando el daño se vuelva irreversible veremos lo de siempre: autoridades simulando sorpresa, conferencias de prensa, “comités técnicos” y millones gastados en reparar lo que nunca debió ocurrir.
El problema no es la papa. Es la falta de regulación, la ausencia de vigilancia y la permisividad criminal con que se tolera el uso de sustancias que ningún país responsable permitiría cerca de sus manantiales. El agua no se negocia. El bosque de niebla no se repone. Y la salud pública no puede seguir sacrificándose en nombre de una agricultura improvisada, contaminante y desbordada.
Veracruz debe elegir: o sigue tolerando este ecocidio silencioso o defiende de una vez el territorio que le da vida.
