Por José Roberto Ruiz Saldaña
En los asuntos de graves violaciones a los derechos humanos, particularmente de masacres, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no solo ha resuelto casos de Colombia, como he dado cuenta en este espacio, sino también hay de Guatemala, como el de la masacre de “Las Dos Erres”, resuelto el veinticuatro de noviembre de dos mil nueve.
La comunidad “Las Dos Erres”, en La Libertad, Petén, Guatemala, fue fundada en 1978 durante una fuerte migración de personas buscando tierras y como resultado de la colonización impulsada por la agancia gubernamental “Fomento y Desarrollo de Petén” (FYDEP). Los fundadores de la comunidad fueron Federico Aquino Ruano y Marco Reyes, quienes llamaron “Las Dos Erres” a esa comunidad por las iniciales de sus apellidos.
Durante 1982 la presencia de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) se incrementó en las áreas cercanas a Las Dos Erres. En septiembre de ese año hubo un enfrentamiento entre miembros de las FAR y agentes estatales en Las Cruces. El comisionado militar organizó entonces una Patrulla de Autodefensa Civil (PAC) en Las Dos Erres con el propósito de vigilar el área de Las Cruces. Los habitantes de Las Dos Erres dijeron que ellos solo aceptaban formar parte de la PAC que patrullara su propia comunidad, no la de Las Cruces.
Como resultado de esa negativa fueron acusados de formar parte de la guerrilla. Tiempo después que el comando militar circuló la versión que la comunidad de Las Dos Erres apoyaba a la guerrilla, hubo un enfrentamiento entre la FAR y un convoy militar en el cual aquella se quedó con 19 rifles de los militares.
El seis de diciembre de 1982, se preparó una acción militar con un grupo especial llamado kaibiles -quienes se vistieron como guerrilla para confundir- con la indicación de matar todo lo que se moviera. Al día siguiente llegaron a Las Dos Erres y comenzaron a sacar personas de sus casas. Los hombre fueron llevados a la escuela comunitaria mientras que las mujeres y los niños a la iglesia evangelista. Durante la masacre al menos 216 personas murieron. Alrededor de las seis de la tarde, dos jóvenes mujeres llegaron a la comunidad y fueron violadas por dos militares, al siguiente día, después de haber sido abusadas sexualmente de nuevo, fueron degolladas. Otras seis familias llegaron a la comunidad y también fueron asesinadas. El nueve de diciembre de 1982, residentes de la villa de Las Cruces se acercaron a la comunidad Las Dos Erres y encontraron utensilios regados, animales perdidos, sangre, cordones umbilicales y placentas en el piso pues, dada la crueldad de los soldados, provocaron abortos.
En este asunto, la Corte IDH también analizó la existencia de prácticas sistemáticas de violaciones de derechos de las y los niños. Al momento de los hechos, al menos 444 de niños y niñas habían desaparecido debido al conflicto interno en Guatemala. De acuerdo con el reporte “Hasta Encontrarte, Niñez Desaparecida por el Conflicto Armado en Guatemala” de la Oficina de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Guatemala, 69% de niños y niñas desaparecidos habían sido tomados por diferentes unidades militares.
A propósito de este asunto, puede decirse, a grandes rasgos, que por su número y características, los asuntos de Guatemala, Colombia y Perú llaman particularmente la atención en una revisión hasta ahora emprendida. Evidentemente, varios países de la región han sufrido graves violaciones a los derechos humanos. Lo que subrayo es que, una revisión preliminar de asuntos resueltos por la Corte IDH, arroja reiteradamente casos de graves violaciones a los derechos humanos como la aquí narrada en dichos países.
El pasado diez de diciembre se conmemoró el día internacional de los derechos humanos. En ese marco habría que insistir en la necesidad de fortalecer su prevalencia y recordar que la legitimidad de las instituciones no puede provenir de autoreferencias ideológicas ni del carisma de los gobernantes, sino del grado de cumplimiento y garantía de los derechos humanos y del respeto de la dignidad de las personas.
Y en ese marco también habrá que recordar que, en la aspiración de una sociedad democrática regida por los principios de civilidad, para lograr la prevalencia de nuestros derechos es preciso vigilar, transparentar, cuestionar y dividir al poder.
@Jose_Roberto77
