Por José Roberto Ruiz Saldaña
El treinta y uno de julio de dos mil seis, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió el Caso de la Masacre de Pueblo Bello contra Colombia. Se trató del tercer asunto de masacres en ese Estado Parte de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos que conoció la Corte desde que ese país aceptó su jurisdicción en junio de mil novecientos ochenta y cinco.
Si bien se pudiera creer que los anteriores asuntos de masacres -19 comerciantes y Mapiripán- serían el extremo de barbarie y de descomposición del tejido social y de la normalidad institucional, lamentablemente el que ahora se aborda parece que los supera. Este asunto se remonta a enero de mil novecientos noventa, cuando entre el día trece y catorce un grupo de aproximadamente 60 hombres fuertemente armados pertenecientes a la organización paramilitar de Fidel Antonio Castaño Gil incursionaron a la jurisdicción de Pueblo Bello para llevarse a personas, a quienes acusaban de colaborar con la guerrilla. El pretexto de Fidel Castaño fue que en diciembre previo le había robado cabezas de ganado y consideró que los habitantes de Pueblo Bello habían sido autores o cómplices de ese robo; además, previamente habían matado a su mayordomo en la plaza pública de Pueblo Bello.
Así, entre las 8:30 p.m. y 10:50 p.m. del catorce de enero, miembros de ese grupo paramilitar entraron a Pueblo Bello con violencia en dos camiones, sacaron personas de sus viviendas y entraron a la iglesia, los concentraron en la plaza pública, los arrojaron al suelo y, con lista en mano, escogieron a 43 hombres obligándolos a subirse a los camiones, los cuales fueron llevados al rancho “Santa Mónica”, donde Fidel Castaño los interrogó sobre el robo del ganado y la muerte de su mayordomo. Durante estos interrogatiorios fueron torturados; 20 personas murieron a causa de ello. Los sobrevivientes fueron transladados a una zona boscosa en la madrugada del día quince de enero donde fueron asesinados y probablemente enterrados en otro rancho, “Las Tangas”. Al momento de dictarse la sentencia, de 37 víctimas no se sabía su paradero.
Varias semanas después, los familiares de las víctimas tuvieron conocimiento que en el hospital Montería había cuerpos que recién habían sido llevados para servidentificados. Los familiares, quienes dieron testimonio en este asunto, señalaron que al llegar al hospital fue imposible identificar los restos, los cuales estaban en bolsas negras en el piso, contenían solamente partes de cuerpos en estado avanzado de descomposición, que ninguna autoridad les orientó ni atendió y que después tuvieron conocimiento que habían sido desenterrados con extroescavadora. Muy pocos familiares lograron identificar cuerpos, como María Cecilia Ruiz de Álvarez, esposa de José del Carmen Álvarez Blanco, gracias a que pudo reconocer la ropa y debido a que mantenía sus documentos de identidad en su cartera.
Pueblo Bello está situado al suroeste de San Pedro Urabá, y al noreste de Turbo, en el municipio del mismo nombre, el cual pertenece al Urabá Antioqueño, un área que forma parte del oeste del Departamento de Antioquia. Durante los años cincuenta se construyó la autopista hacia el mar, comunicando Medellín con el Golfo de Urabá. Esta autopista generó el incremento del valor de las tierras en la región y la convergencia de fuerzas económicas -madera, ganado y plátanos- lo que determinó la estructura económica de Urabá y, en consecuencia, su situación política y social.
Entre el periodo de 1960 y 1990, con la llegada en Urabá de la mayor compañía de plátanos en los sesenta, la autopista entre Chigorodó y Turbo llegó a ser el eje de un muy redituable centro de producción platanera. Como resultado de ello, los ganaderos quienes habían adquirido tierra en los años cincuenta y no decidieron reorientar sus actividades a aquella producción, tuvieron que migrar con su ganado a nuevas tierras generando nuevas disputas precisamente por tierras. El crecimiento e Pueblo Bello y San Pedro de Urabá, entre otros, fue el resultado de este periodo.
Durante los años sesenta, surgieron algunos movimientos políticos de ciudadanos quienes impulsaban una reforma agraria e hicieron algunas invasiones. Estas demandas fueron apoyadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y por el Ejército de Liberación Popular (ELP), para los cuales esta región tuvo una importancia estratégica por ser un área en la cual podían pedir “impuestos de guerra” y porque, al ser un corredor de producción agroindustrial, tuvieron influencia política en sectores organizados.
Este asunto, el cual refleja la acumulación de problemas sociales y políticos, en un contexto de prolongada inseguridad, debe llamarnos la atención porque tuvo, en su génesis, la bonanza económica y esplendor de una región colombiana. La modificación de la estructura económica, no acompañada de decisiones políticas e intervenciones sociales, convirtió lamentablemente en algo negativo aquello que pudo ser desarrollo y bienestar para las personas. Es inevitable pensar, a partir de este asunto, en algunas zonas de México -como las michoacanas donde se produce el “oro verde” (limón y aguacate), en que la ausencia del Estado es inversamente proporcional a la fuerza de grupos delictivos y la acumulación de problemas e inseguridad.
@Jose_Roberto77
